Viernes, 22 de septiembre de 2006
CORTE DE RANCAGUA RATIFIC? FALLO QUE CONDENA AL ALCALDE DE PICHILEMU JORGE VARGAS

La Corte de Apelaciones de Rancagua, ratific? ayer el fallo de primera instancia en contra del alcalde de Pichilemu, Jorge Vargas Gonz?lez (DC), por el delito de cohecho, en la causa conocida como Caso Video, y donde en marzo pasado el Juez de Pichilemu Rodolfo Moreno Osses lo conden? a 7 a?os de inhabilidad para ocupar cargos p?blicos, 541 d?as de prisi?n remitida y al pago de 4 millones de pesos en beneficio fiscal.
La sentencia en alzada de la Corte de Apelaciones de Rancagua ?de cinco fojas- introduce algunas modificaciones de forma, pero mantiene en todos sus puntos el fondo de las consideraciones y argumentos entregados por el juez pichilemino; desechando la apelaci?n del alcalde Vargas en todos sus puntos por no estar acreditado lo que alega.

FALLO
Desde el primer punto del Fallo hasta el cuarto, la Corte entrega un permenorizado detalle de las razones de esa instancia para desestimar cada una de las alegaciones del Alcalde Jorge Vargas.
Asimismo, tambi?n, en el quinto punto se desestima una apelaci?n de la querellante.
En el punto seis, en tanto, la Corte se?ala textual: ?Que los hechos acreditados en la causa se encuentran correctamente tipificados, atento que los elementos que la hip?tesis penal del art?culo 248 bis del C?digo Penal exige para su configuraci?n concurren claramente en los hechos que se han tenido por acreditados. Desde luego, el dinero solicitado lo era "para ejecutar", lo que se iba a ejecutar es la adjudicaci?n en exclusiva de una concesi?n; tal ejecuci?n proven?a de "actos propios" del cargo de Alcalde que ostenta el acusado, la entrega de una concesi?n depende de las facultades del Alcalde. Tambi?n est? presente el beneficio econ?mico, es evidente que el acto impropio le iba a significar al Alcalde un incremento patrimonial (recibir?a una suma de dinero que no ten?a), sin que sea relevante para la configuraci?n del tipo, que el beneficio no se hubiere producido, atento que la hip?tesis penal exige ?solicitar? o ?aceptar recibir?. Por ?ltimo, tambi?n resulta evidente que hay una clara infracci?n ?a los deberes de su cargo?. Desde que un sencillo tr?mite de permiso, el Alcalde lo ha transformado en un ambiente de persecuciones, hostilidades y clandestinidad, que se aparta absolutamente de la forma normal de ejercer sus atribuciones?.
En el punto siete, la Corte se?ala que los testimonios a favor del Alcalde Vargas, proporcionados por Mar?a Urz?a P?a y Mar?a Victoria Romero del Pino ?quienes alegan la inocencia del imputado- en parte la Corte se?ala que ?no resiste un an?lisis serio ante tanto antecedente que inculpa al acusado, esos testimonios contradictorios entre s?.
Asimismo, en el mismo punto, la Corte al referirse a otros testimonios en favor del Alcalde Vargas, se?ala que ?que le resta m?rito a todos aquellos testimonios dirigidos a limpiar su imagen y a descartar la tesis del ?complot pol?tico?.
Ello se refiere a los testimonios de quienes dijeron que cada uno sac? sus permisos en la Oficina de Inspecci?n Municipal para sacar sus Permisos para trabajar en la temporada de verano, sin ?siquiera conocer al Alcalde?.
Cabe se?alar que quienes declararon esto, son: Froil?n Alfonso Morales Donoso, V?ctor Nibaldo Barriga Gacit?a, Fernando Antonio Jorquera Vargas, Luis Antonio Vargas Cabrera y Mario del Carmen Rivera Flores.

Los pichileminos que conocen a estos se?ores, ver?n si la Corte estuvo bien o no en considerar sus testimonios.

El punto octavo del Fallo de la Corte, se?ala: ?Que de los antecedentes descritos del juez de primer grado, esta Corte, desea destacar dos, que demuestran de una manera palmaria el comportamiento delictivo de la autoridad municipal:
a) las grabaciones con video y con sonido que se escucharon en el acta de transcripci?n (?), ratificadas por los ministros de este acuerdo, son tremendamente ilustrativas del ambiente y entorno de clandestinidad que se dan por parte de la m?xima autoridad municipal, ya que, la entrega de concesi?n se ha hecho siempre a trav?s de los canales normales (as? lo afirman los testigos individualizados en la parte final del ac?pite anterior); en cambio, en este caso en particular donde se habla de dinero, de sospechas de pago que efect?a la Sra. Lidia, recibe como respuesta ?No, no, con este compadre no tengo confianza? ; ?no por ?ltimo d?me cincuenta lucas?; ?cerramos en quinientos?, reflejan una clara intenci?n de recibir en forma personal y clandestina una suma de dinero por actuaciones propias del Alcalde;
b) la pretendida existencia de un ?complot pol?tico?, que se fundaba en declaraciones juradas de Meraldo Antonio Saavedra Pino y Wilson Ra?l Covarrubias Aguilera (?.), que al final terminaron siendo falsas y condenados los referidos testigos en la causa RIT por falso testimonio. Recurrir a tal nivel de actuaciones, solo contribuye a ratificar el ambiente de persecuciones, hostilidades, conversaciones previas, que reflejan el abandono de deberes de la autoridad municipal, pues aquella no es la forma de ejercer las facultades propias de una autoridad?.
En el punto noveno, la Corte se?ala que el hecho de que el Alcalde Vargas no recibiera el dinero solicitado, no significa que el delito se cometi?, como lo pretend?a su defensa.
Al respecto, la Corte manifiesta textualmente que: ?De modo que, el no haber recibido el dinero no constituye ning?n m?rito por parte del sentenciado?.
El punto d?cimo del Fallo de la Corte indica que para convencer a los sentenciadores acerca de la existencia de un hecho punible y de la participaci?n culpable y penada por la ley que se le atribuye a un individuo es indispensable que ?el tribunal que lo juzgue haya adquirido, por los medios de prueba legal, la convicci?n de que realmente se ha cometido un hecho punible y que en ?l le ha correspondido al procesado una participaci?n culpable y penada por la ley?. Convencimiento que estos sentenciadores de acuerdo a lo consignado en los motivos extensa y fundadamente se han dado en el fallo imputado, tambi?n lo han adquirido, por lo que el fallo ser? confirmado.
En el punto und?cimo, ?ste manifiesta que ?de acuerdo a lo prevenido en el art?culo 69 del C?digo Penal, corresponde aplicar en lo m?ximo del grado las penas asignadas al delito, tal como lo hizo el juez de la instancia atento que la mayor extensi?n del mal producido, es muy superior a la minorante que favorece al sentenciado, que por su entidad no aminora el elemento antes indicado, desde que en definitiva se ha afectado seriamente el correcto servicio de la Administraci?n Municipal, que afecta a toda la comunidad.
Los actos de corrupci?n en el servicio p?blico, en especial de las autoridades que a diario tienen que ver con los habitantes de una comuna, constituyen un duro golpe a la fe p?blica?.
Y, finalmente, el punto duod?cimo del Fallo de la Corte, dice textual: ?Que, finalmente, en el proceso no existen datos para estimar que la atenuante de la irreprochable conducta anterior pueda ser calificada. No hay elementos objetivos que analizar para darle a la atenuante reconocida una significaci?n especial, digna de destacar.
Con lo razonado, lo informado p or la fiscal?a judicial y lo dispuesto en los art?culos 514, 527 y 529 del C?digo de Procedimiento Penal, se revoca la sentencia apelada de veintiocho de marzo de dos mil seis, escrita de fojas 1231 a 1263, en aquella parte que absuelve a Jorge Fabi?n Vargas Gonz?lez de la acusaci?n judicial de fojas 868, por los delitos contemplados en los art?culos 248 y 249 del C?digo Penal y, en su lugar se decide que los hechos constitutivos de tales il?citos se encuentran comprendidos dentro de la acusaci?n, debiendo ser calificados como cohecho del art?culo 248 bis del C?digo Penal.
Se confirma, en lo dem?s el referido fallo, con precisi?n de que los hechos tanto de la acusaci?n judicial como de la particular son unos mismos que se califican jur?dicamente como cohecho del precitado art?culo 248 bis.
Acordado con el voto en contra del ministro Sr.V?zquez en lo que se refiere al reconocimiento de la atenuante de la irreprochable conducta anterior, ya que en su concepto la sola existencia de un extracto de filiaci?n sin anotaciones penales anteriores refleja exclusivamente que, en el ?mbito penal, el acusado no ha tenido reproches; pero la minorante exige mucho m?s que eso y, en la causa, no hay datos suficientes para considerar que el comportamiento del acusado en el orden social, familiar, personal y laboral ha sido intachable.
Como consecuencia de lo anterior estuvo y en m?rito de lo razonado en el motivo und?cimo, por aplicar el m?ximo de las penas asignadas al delito.
Reg?strese y devu?lvase conjuntamente con la causa tenida a la vista.
Redacci?n del Ministro don Miguel V?zquez Plaza.
Rol Corte N? 226-2006.?

MINISTRO MIGUEL V?SQUEZ
Si bien el ministro de la Corte, Miguel V?squez Plaza, estuvo por considerar la ?irreprochable conducta anterior? en el aspecto penal, se ve claramente que no conoce al Sr. Jorge Vargas G., quien suma en su bit?cora de vida varias acciones cuestionables, por los cuales el propio partido al que pertenece, la Democracia Cristiana, lo castig? el a?o 1995 por su participaci?n en el Fraude Electoral que ten?a como objetivo PERJUDICAR a su camarada H?ctor Leiva Polanco, actual Intendente de la VI Regi?n.
Este caso, es uno entre otras acciones.
Publicante Pichilemunews @ 13:11
 | Enviar Noticia