S?bado, 12 de mayo de 2007
CONDENADO A 540 D?AS DE PENA REMITIDA, A UNA MULTA DE 20 UTM, A INHABILIDAD MIENTRAS DURE LA PENA FUE SENTENCIADO EL ALCALDE VARGAS


A una pena de 540 d?as de pena remitida, a inhabilidad para desempe?ar cargos p?blicos mientras dure la pena, al pago de 20 UTM y las costas del juicio fue sentenciado Jorge Vargas Gonz?lez, fue sentenciado por el Juez Rodolfo Moreno Osses en la audiencia que se efectu? hoy, tal como hab?an quedado citadas las partes el lunes reci?n pasado, en el Juicio Oral, tras el veredicto y concluirse todas las fases que duraron 20 horas y 35 minutos, desde el s?bado 5 hasta el lunes 7.
La sentencia, leida integramente a las partes y al p?blico que asisti? a la audiencia, fue difundida radialmente por la Radio "Entre Olas" FM, pero solamente hasta hace un rato pudimos transcribir el largo texto de casi 30 carillas, para darlo a conocer a ustedes.
Tal como lo anunciaron en su momento -lo que volvieron a reiterar hoy- la defensa recurrir? con un Recurso de Nulidad ante la Corte Suprema para dar vuelta el fallo y sentencia.
No se descarta que recurran a la Segunda Sala, donde est? en acuerdo el Fallo por el Recurso de Casaci?n al que recurri? el mismo alcalde Jorge Vargas Gonz?lez por el delito de Cohecho -Caso Video- donde est? condenado en primera instancia por el mismo Tribunal de Pichilemu, y en segunda instancia por la Corte de Apelaciones, por tres a cero.
Cabe se?alar, que la Segunda Sala de la Corte Suprema donde est? pendiente el Fallo -por el Caso Cohecho- es la misma donde acaban de dejar "libres de polvo y paja" a los pr?ceres Tombolini, Rebolledo, Pareto, entre otros.
Un excelente ?ndice de lo que podr?a ocurrir con otros personajes de la pol?tica.

Bien, a imbuirse de ?nimo: aqu? el extenso texto de la sentencia, en donde vuelve a desmenuzar uno a uno los diversos considerandos para llegar a su conclusi?n final: CULPABLE de Presentaci?n de Testigos Falsos en juicio criminal, delito por el cual el Ministerio P?blico lo llev? a Juicio Oral.



PODER JUDICIAL DE CHILE
JUZGADO DE LETRAS, GARANTIA Y FAMILIA DE PICHILEMU

Pichilemu, doce de mayo de dos mil siete.
Vistos:
Que en estos antecedentes RUC N? 0600132066-k y RIT N? 1.337-2006, se ha presentado requerimiento en procedimiento simplificado, deducido por el Ministerio P?blico, representado por el Fiscal Jefe de Pichilemu, don Jorge Mena Ocares, a trav?s de acusaci?n formulada con fecha 15 de septiembre de 2006, en contra de don JORGE FABI?N VARGAS GONZ?LEZ, C.I. N? 10.213.174-6, natural de Pichilemu, casado, Profesor, Alcalde de la Iltre. Municipalidad de Pichilemu, domiciliado en Campo Lindo N? 605, Pichilemu, fono 842734, quien est? sujeto a la medida cautelar consistente en la firma semanal ante este mismo Tribunal, por el delito de presentaci?n de testigos falsos en juicio criminal, previsto y sancionado en el art?culo 207 del C?digo Penal, representado por los abogados que act?an en el car?cter de Defensores Penales Privados, don Carlos Castro Vargas, don Jos? Luis Andr?s Alarc?n y do?a Visitaci?n Carrillo Salazar, por los siguientes hechos:
Que el d?a 16 de febrero de 2006, el acusado don Jorge Vargas Gonz?lez, a sabiendas, present? como testigos a Meraldo Saavedra Pino y Wilson Covarrubias Aguilera, en la causa criminal seguida en su contra ante el Juzgado del Crimen de Pichilemu, Rol N? 8.267, por el delito de cohecho, quienes faltan a la verdad en sus declaraciones prestadas ante el mismo Tribunal. Los testigos presentados por el acusado, posteriormente, fueron condenados por el Tribunal de Garant?a como autores del delito de falso testimonio, conforme lo dispone el art?culo 206 del C?digo Penal.
Que el se?or Fiscal califica estos hechos como constitutivos del delito de presentaci?n de testigos falsos en juicio criminal, descrito y sancionado por el art?culo 207 del C?digo Penal, correspondi?ndole al requerido una participaci?n en calidad de autor, de conformidad a lo dispuesto en el art?culo 15 N? 1 del C?digo Penal, en grado consumado.
En cuanto a las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, el Ministerio P?blico se?ala que beneficia al requerido don Jorge Fabi?n Vargas Gonz?lez, la atenuante del art?culo 11 N? 6 del C?digo Penal, vale decir, su irreprochable conducta anterior, toda vez que de su extracto de filiaci?n y antecedentes se desprende que no ha sido condenado anteriormente por crimen o simple delito. As? tambi?n, se?ala que le favorece la atenuante del art?culo 11 N? 9 del mismo cuerpo legal, es decir, la colaboraci?n sustancial al esclarecimiento de los hechos, toda vez que el acusado ha prestado declaraci?n durante la etapa de investigaci?n, entregando antecedentes que condujeron al ?xito de la investigaci?n.
Por ?ltimo, el Ministerio Publico solicita se aplique al imputado la pena de quinientos cuarenta d?as de presidio menor en su grado m?nimo, m?s las accesorias legales correspondientes, multa de 20 UTM, adem?s del pago de las costas de la causa.
Que en sus alegatos de apertura y de clausura, la defensa contraviene la tesis del Ministerio P?blico, se?alando que no se encuentra acreditado el hecho delictivo que se le imputa al acusado, como asimismo no hay antecedentes que acrediten su responsabilidad, alegando que lo ocurrido, es decir, la presentaci?n de los dos testigos al juicio criminal anterior, lo fueron bajo la apariencia de verdad, ratificada y examinada por profesionales serios que integran un equipo jur?dico, con experiencia en la tramitaci?n de juicios, apariencia de verdad que fue cuidadosamente chequeada previamente antes de presentar a los testigos en el juicio. La defensa cuestiona que los testigos hayan declarado falsamente en juicio, se?alando que ellos fueron presionados indebidamente a confesar la autor?a en un delito que no cometieron y que en todo caso los dichos de los testigos s?lo son contradictorios con otros antecedentes de la causa, como ocurre muy corrientemente y que en definitiva el acusado no sab?a ni pudo saber que declarar?an faltando a la verdad, raz?n por la cual alega su total inocencia en los hechos invocados por el Ministerio P?blico y en definitiva pide que el acusado sea absuelto.
CONSIDERANDO:
EN CUANTO A LA ACUSACION Y LA DEFENSA:
PRIMERO.- Que en este juicio simplificado, se ha acusado a don JORGE FABI?N VARGAS GONZ?LEZ, como autor del delito de presentaci?n de testigos falsos en juicio criminal, previsto y sancionado en el art?culo 207 del C?digo Penal.
SEGUNDO.- Que la defensa del acusado, ha alegado su total inocencia, fundado en no estar acreditado el hecho t?pico motivo de la acusaci?n ni la participaci?n de su representado, requiriendo que ?ste sea absuelto en definitiva de los cargos formulados en su contra.
TERCERO.- Que los intervinientes, en la audiencia de preparaci?n de juicio oral, alcanzaron la siguiente convenci?n probatoria: Que el d?a 27 de marzo de 2006, los imputados Melardo Saavedra Pino y Wilson Covarrubias Aguilera, fueron condenados por el Tribunal de Garant?a de Pichilemu, como autores del delito de falso testimonio, sentencia que se encuentra firme y ejecutoriada.

CUARTO.- Que el imputado, al momento de ser preguntado en la audiencia de preparaci?n de juicio oral, acerca de si admit?a responsabilidad en los hechos motivo de la acusaci?n, neg? toda responsabilidad raz?n por la cual se cit? a las partes a una audiencia de juicio, audiencia durante la cual, el acusado hizo uso del derecho de guardar silencio y nada dijo respecto del cargo que se le ha formulado.
EN CUANTO A LA OBJECION DE DOCUMENTO:
QUINTO.- Que durante el juicio, el Ministerio P?blico present? como parte de la prueba, un documento consistente en la copia de un escrito que el abogado don Manuel Y??ez D?az present? en el juicio criminal Rol N? 8.267, por delito de cohecho, seguido en contra del imputado, en la presente causa, con fecha 20 de febrero de 2007, en el que se?ala que viene en acompa?ar un compac disc (CD) que fue dejado ese mismo fin de semana en el taxi que maneja el c?nyuge de la querellante y demandante civil y que al escuchar su texto corresponde claramente a la voz del se?or Meraldo Saavedra Pino, que corrobora lo sostenido por esa defensa en el sentido de que se trataba de una prueba prefabricada tanto la declaraci?n jurada como su testimonio en el probatorio del plenario de la causa. El escrito reproduce frases tales como "Me ha pasado entre $1.600.000 a $1.700.000", "buen negocio", "Paga ?l, Jorge Vargas, "Wilson viene el mi?rcoles tambi?n", "La Lidia va caer antes que el Jorge", "Lo que ten?s que decir", "para mi es verdad, para ti es verdad porque es lo que ten?s que decir, etc." Adem?s, en el primer otros?, solicita diligencias y el segundo otros?, hace reserva de las acciones por los delitos en ella descritos respecto de los que resulten responsables.
SEXTO.- Que la defensa del acusado, objet? tal documento se?alando que alude a una supuesta trascripci?n de lo que dice el CD de audio encontrado en el autom?vil. A su juicio da cuenta de la conducta descrita en el art?culo 161 letra A del C?digo Penal y es constitutivo de delito. Se?ala que esa prueba es il?cita, ya que en cuanto a c?mo ese documento ha sido obtenido, en forma il?cita, vulnera las garant?as constitucionales. En s?ntesis, manifiesta que cuando una prueba se obtiene afectando garant?as fundamentales, todo lo que deriva y se obtiene de esa acci?n il?cita es nulo, toda la cadena causal posterior que tiene en su origen el acto il?cito se ve tambi?n afectado por la ilicitud.
SEPTIMO.- Que el se?or Fiscal del Ministerio P?blico, aleg? que debe rechazarse la objeci?n planteada por la defensa en torno al documento en cuesti?n, se?alando que la contaminaci?n no es tal. Insiste en que m?s que objetar el documento por la causal invocada, se trata de una observaci?n a un documento presentado por un tercero; por lo tanto el Tribunal le prestar? o restar? validez a ese documento, en raz?n de los dichos. A su juicio, ese documento est? dando cuenta de un hecho. Estima que se trata de una conversaci?n privada de dos personas donde una de ellas dispuso de esa conversaci?n, por lo tanto no se estar?a dando la situaci?n de ilicitud que contempla el art?culo 334 inciso 2? del C?digo Procesal Penal. Atendido a lo anterior, solicita el rechazo de dicha objeci?n.
OCTAVO.- Que sin perjuicio del efectivo valor probatorio del documento impugnado, este sentenciador deber? rechazar la alegaci?n de la defensa en cuanto a que ?ste estar?a contaminado por tratarse de la transcripci?n parcial de una prueba il?cita, ya que si bien el art?culo 276 ordena a este sentenciador excluir aquella prueba que hubiera sido obtenida sin la debida observancia a las garant?as fundamentales, en la especie, la prueba de la cual deriva o pudiera derivar el documento impugnado, el CD, no ha sido acompa?ado en este juicio como medio probatorio como para que este sentenciador aprecie y determine su licitud o ilicitud.
Que por lo anterior, no se ha determinado ni se puede determinar en este juicio simplificado la ilicitud o licitud del referido CD; no siendo por tanto, este tema materia este juicio, por lo que mal podr?a este sentenciador aplicar la regla de exclusi?n en la prueba derivada y considerar como il?cita y por ende excluir un documento en el cual el abogado querellante transcribe frases sueltas de una supuesta conversaci?n que ?l escucha del CD, entre terceras personas, que el abogado cree que uno de ellos es Meraldo Saavedra Pino.
EN CUANTO AL FONDO:
NOVENO.- Que la acusaci?n ha versado acerca del delito establecido en el art?culo 207 del C?digo Penal, esto es, en este caso, que el imputado, a sabiendas haya presentado testigos falsos en un juicio criminal de este Tribunal.
DECIMO.- Que en consecuencia, para dar lugar a la acusaci?n del Ministerio P?blico, ha debido acreditarse en el juicio oral simplificado por el Ministerio P?blico y este Tribunal debe analizar lo siguiente:
a) Si efectivamente se han presentado testigos en el juicio criminal se?alado por el Ministerio P?blico;
b) Si estos testigos han declarado falsamente, esto es, mintiendo y faltando a la verdad y no por mero error o contradicci?n;
c) Si el acusado de esta causa los present? a declarar ante el Tribunal; y
d) Si el acusado sab?a o conoc?a el hecho de que dichos testigos declarar?an falsamente, alterando la verdad o mintiendo.
DECIMO PRIMERO.- Que no se ha discutido en este juicio el hecho de que los testigos Meraldo Saavedra y Wilson Covarrubias declararon efectivamente en la causa rol N? 8.263, seguida por el delito de cohecho en contra de don Jorge Fabi?n Vargas Gonz?lez, que es el mismo acusado en esta causa, declaraci?n que fue prestada el d?a 16 de febrero del a?o 2006, mientras dicha causa criminal se encontraba en el estado de plenario.
DECIMO SEGUNDO.- Que sin perjuicio de no haber sido discutido dicho punto, se ha acreditado plenamente el hecho de haberse efectuado realmente tales declaraciones, puesto que durante este juicio se acompa?aron los siguientes documentos inobjetados que lo acreditan:
a) Copia de la acusaci?n dictada en esa causa Rol N? 8.263 de fecha 31 de octubre del a?o 2005, rolante a fojas 257 de esta carpeta. En este documento consta que en dicha causa criminal seguida ante este Tribunal de Pichilemu, se acus? a don Jorge Fabian Vargas Gonz?lez como autor del delito de cohecho.
b) Copia de un escrito presentado el 06 de octubre del a?o 2005 por la defensa del acusado representada por los abogados Daniel Castillo y Jos? Antonio Mac?as, en la misma causa antes referida, rolante a fojas 250 de esta carpeta, en que se solicita la reapertura del sumario criminal, se acompa?an declaraciones juradas ante Notario de dos testigos y se requiere la declaraci?n de los mismos testigos en dicho juicio. Este documento demuestra que la defensa del acusado acompa?? dos declaraciones juradas de los testigos Covarrubias y Saavedra e inst? para que declararan ante el Tribunal.
c) Copia de parte del escrito de contestaci?n a la acusaci?n de la defensa de Jorge Vargas Gonz?lez, rolante a fojas 188 de esta carpeta, en que se requer?a nuevamente la declaraci?n de dichos testigos y se adjunt? una minuta de preguntas conforme a las normas del C?digo de Procedimiento Penal. Este instrumento reafirma lo acreditado por el documento anterior, pero esta vez para que los testigos presten su testimonio durante el plenario de la causa.
d) Copias de las declaraciones mismas de los testigos Saavedra y Covarrubias, rolantes a fojas 190 y siguientes y 195 y siguientes de esta carpeta, en donde aparece que ambos testigos efectivamente declararon el d?a 16 de febrero de 2006 en este Tribunal en la causa criminal ya indicada, cuyo texto se ley? ?ntegramente durante este juicio simplificado.
DECIMO TERCERO.- Que este Tribunal tiene por establecido entonces, que don Meraldo Saavedra Pino y don Wilson Covarrubias Aguilera, efectivamente prestaron testimonio en la causa Rol N? 8267, seguida por el delito de cohecho en contra de don Jorge Fabi?n Vargas Gonz?lez, por lo que enseguida, debe analizarse si tales testimonios han sido falsos y en qu? medida.
DECIMO CUARTO.- Que en sus declaraciones ante el Tribunal del Crimen, los referidos testigos manifestaron bajo juramento que ratificaban ?ntegramente las declaraciones juradas agregadas a esa causa a fs. 853 y 854, declaraciones juradas que tambi?n fueron acompa?as en copia en el transcurso de este juicio y que se encuentran materialmente agregadas a fojas 204 y 206 de esta carpeta, las que se leyeron ?ntegramente en este juicio simplificado, de tal manera que al haber sido ratificadas en el juicio criminal tales declaraciones juradas ante Notario, han pasado a ser parte de sus testimonios judiciales.
DECIMO QUINTO.- Que en relaci?n al testigo Wilson Covarrubias, ?ste declar? bajo juramento y como ciertos, los siguientes hechos en ese juicio criminal:
a) Que trabaj? como carnicero para la se?ora Catal?n en la carnicer?a "La Regalona" desde enero de 2003 hasta marzo de 2004.
b) Que su empleadora le manifest? en febrero o marzo de 2003 que quer?a grabar al Alcalde para chantajearlo y sacarle plata y que se juntaba con otras personas para planificar dichas acciones.
c) Que la se?ora Lidia Catal?n se hizo cargo de la carnicer?a a "medidos" del 10 de enero y que no sabe cu?ndo ella firm? el contrato por la misma.
d) Que vio al abogado Ram?rez en febrero y despu?s a mediados de mayo o abril de 2003.
e) Que escuch? y presenci? en varias ocasiones unas reuniones que se efectuaban en la carnicer?a en el mes de enero de 2003 en distintos horarios, en las que participaban do?a Lidia con do?a Mar?a Mar?n, su pareja don Nicol?s Record?n, do?a Macarena Catal?n, do?a Manyela Y??ez y don Jorge Nasser, reuniones que ten?an por objeto perjudicar al Alcalde, planeaban grabarlo y sacarle dinero, todo ello coordinado por el abogado Mauricio Ram?rez, reuniones que tambi?n se realizaban en otras casas.
f) Que le mand? a decir al Alcalde de la maquinaci?n que se preparaba en su contra para chantajearlo, pero no obtuvo respuesta suya.
g) Y distintos otros hechos a que se ha hecho lectura en el juicio, latamente.
DECIMO SEXTO.- Que en cuanto al testigo Meraldo Saavedra, declar? bajo juramento y como ciertos, los siguientes hechos en ese juicio criminal:
a) Que trabaj? como ayudante de carnicero, como junior y como guardia de la carnicer?a La Regalona entre los meses de enero a agosto de 2003.
b) Que en enero de 2003 fue con el chofer de Nelson Leiva, en un cami?n a buscar las bicicletas a Santiago.
c) Que la se?ora Lidia Catal?n quer?a grabar al Alcalde con una c?mara que le entreg? Mar?a Mar?n.
d) Que en los primeros d?as de febrero de 2003, en un asado, la se?ora Lidia le contaba estos hechos, quien le dec?a tambi?n que el se?or Ram?rez le manifestaba como perjudicar al Alcalde y chantajearlo.
e) Que presenci? y particip? en varias reuniones que se hac?an en el negocio, que incluso se hac?an asados en la calle, reuniones que ten?an como tema central el planear c?mo perjudicar al Alcalde y as? naci? la idea de comprometerlo mediante una grabaci?n que har?a la se?ora Lidia Catal?n.
f) Que las personas nombradas en su declaraci?n jurada anterior iban a los asados en La Regalona.
g) Que do?a Lidia Catal?n empez? a hacerse cargo de la carnicer?a en enero del a?o 2003.
h) Que se ofreci? sin presi?n para hacer la declaraci?n firmada que firm? ante Notario.
i) Los dem?s antecedentes que se leyeron, tambi?n, latamente en la audiencia de juicio.
DECIMO SEPTIMO.- Que en este juicio se ha rendido prueba suficiente como para llegar a la conclusi?n que los testimonios judiciales de los se?ores Covarrubias y Saavedra han sido falsos, por cuanto han faltado a la verdad en la mayor parte de sus asertos prestados primeramente ante Notario y luego ratificados y ampliados ante el Tribunal del crimen, ya que entre otros puntos de relevancia, se ha acreditado que la carnicer?a ya referida fue entregada a do?a Lidia Catal?n a partir de mediados de marzo del a?o 2003, fecha hasta la cual quienes la administraban eran don Nelson Leiva Ahumada y su c?nyuge do?a Mar?a Antonieta Aedo Gajardo, personas que as? lo han declarado en este juicio.
Que adem?s, ellos han dado una convincente raz?n que se?ala que ni a?n bajo su administraci?n han podido celebrarse las reuniones y asados a las que se hizo referencia en dicho local comercial, por cuanto en esa ?poca era m?s importante econ?micamente dedicarse a la explotaci?n comercial de la carnicer?a, por ser ?poca estival, en que aumentan notoriamente las ventas y la clientela, quienes han estado contestes en que no cedieron ni arrendaron tal establecimiento comercial sino hasta que termin? el verano, a mediados de marzo de ese a?o, ya que prefirieron explotarlo personalmente para as? beneficiarse de los mejores resultados que se obtienen en el verano en esta comuna-balneario, personas que han negado que en su local pudieran haberse realizado reuniones, asados o preparativos de ninguna ?ndole con o entre las personas que se?alaron los testigos Covarrubias y Saavedra ante el Tribunal del Crimen.
Que las declaraciones prestadas en este juicio por los testigos Lidia Raquelina Catal?n Gonz?lez, Iv?n Felipe Bozo C?ceres, Ricardo Mauricio Ram?rez Z??iga y Jorge Salvador Nasser Guerra, ratifican la inefectividad de haberse realizado las reuniones a que se hizo referencia por los testigos Saavedra y Covarrubias ante el Tribunal, estando todos contestes en que tales reuniones, asados ni similares, no se realizaron ni pudieron llevarse a cabo en los meses de enero y febrero del a?o 2003 en la referida carnicer?a, ni en otras fechas ni en otros lugares.
Que el contrato de arriendo celebrado entre do?a Lidia Catal?n y don Pablo Ponce de Le?n, agregado a fojas 201 de esta carpeta y que se ley? ?ntegramente durante este juicio simplificado, da cuenta que su vigencia rige entre el 21 de diciembre del a?o 2002 y el 21 de marzo del a?o 2003, meses que coinciden con la temporada de verano, tiempo durante el cual la arrendataria se dedicar?a a subarrendar al p?blico 30 carros en esta ciudad, lo que es contradictorio con la posibilidad material de que do?a Lidia Catal?n haya podido administrar y hacerse cargo a la vez de la ya se?alada carnicer?a y realizar las reuniones y asados que ya se han declarado por los testigos, en lugares f?sicamente distintos en tal per?odo.
Que el contrato de trabajo y el finiquito firmado por Wilson Covarrubias y su empleador Iv?n Bozo C?ceres, rolantes a fojas 248 y 249 de esta carpeta y le?dos ?ntegramente en el curso de este juicio simplificado, da cuenta de que el per?odo durante el cual existi? la relaci?n laboral, se extendi? entre el 15 o el 17 de marzo hasta el 30 de septiembre del a?o 2003, lo que tambi?n contradice la posibilidad de que do?a Lidia Catal?n haya organizado en la carnicer?a en comento, reuniones con diversas personas, asados u otras actividades cualesquiera que fueran, durante los meses de enero y febrero del a?o 2003, ya que la relaci?n laboral se inici? con posterioridad a tales meses.
Que el testigo Pablo Ponce de Le?n Taborga, junto con reconocer el contrato de arriendo de carros o bicicletas que suscribi? con do?a Lidia Catal?n, manifest? que ?l mismo los traslad? desde Santiago a Pichilemu, en un cami?n con rampla, desmintiendo con ello a Meraldo Saavedra en sus declaraciones judiciales en cuanto a que ?ste se haya trasladado a Santiago en compa??a del chofer de Iv?n Bozo a buscar dichos carros.
Que el testigo Alejandro Rojas Peralta, ha declarado en este juicio que es el chofer de Iv?n Bozo que habr?a acompa?ado a Meraldo Saavedra en la b?squeda de los triciclos o carros, quien tambi?n desmiente a Meraldo Saavedra, en cuanto a que hayan concurrido a Santiago a buscarlos, que el cami?n que conduce es tipo camioneta y que tiene solamente licencia clase B, se?alando adem?s que no conoce mayormente Santiago y que entre diciembre de 2002 y febrero de 2003 no ten?a relaci?n con la se?ora Catal?n.
Que el testigo Ricardo Mauricio Ram?rez Z??iga, en sus dichos durante este juicio simplificado, se?al? ser abogado, expresando que en este Tribunal existe la causa rol N? 8.267, por el delito de cohecho, en la cual el Alcalde de Pichilemu, Jorge Vargas Gonz?lez, fue condenado en 1a y 2a instancia, por incurrir en ese delito, cuyos hechos se verificaron en enero de 2003, consistentes en que en esa ?poca solicit? dineros a una comerciante de esta ciudad. Que los testigos falsos fueron presentados en ese juicio, que ?l es el abogado querellante y le toc? interrogarlos durante la etapa de plenario. Que cuando estaban a punto de cerrar el sumario, aparecen dos declaraciones juradas falsas, en las cuales se inventa un complot, una maquinaci?n, que es lo mismo que hab?a hecho Jorge Vargas con Lidia Catal?n e Iv?n Bozo, en que ?l era el responsable de esta maquinaci?n fraudulenta para perjudicarlo pol?tica y econ?micamente y sacarle 20 o 30 millones de pesos. Que durante el plenario en enero de 2006, le toc? interrogar personalmente a los testigos y a Jorge Vargas, este ?ltimo reconoci? cada una de las frases que dec?a el video. Cuando interrog? a los testigos falsos, estos se?alaron que supuestamente ?l se juntaba con Lidia Catal?n, Jorge Nasser y con otras personas, pero ni a esas persona ni a los testigos los hab?a visto antes, puesto que las grabaciones fueron hechas el d?a 29 de enero de 2003 y la segunda fue hecha la primera semana de febrero de ese a?o, y en esa ?poca ?l ni siquiera conoc?a a Lidia Catal?n y ella no estaba en posesi?n del local comercial La Regalona, ya que tuvo ese establecimiento a su disposici?n cuando lo arrend? el 15 de marzo de 2003 y comenz? su actividad comercial en marzo de ese a?o; por lo tanto la inconsistencia de las declaraciones falsas prestadas por los testigos era total y evidente, y al ser contrainterrogados por ?l, entraron en contradicciones y no hicieron sino confirmar a?n m?s que ellos estaban en el Tribunal prestando una declaraci?n falsa bajo juramento. Agrega, adem?s, que no solamente observ? las declaraciones de los testigos falsos en la etapa de plenario, sino que tuvo acceso al proceso y ambas declaraciones juradas ante Notario que fueron agregadas al expediente, advirtiendo que estas eran id?nticas, porque la redacci?n con la cual estaban hechas las declaraciones eran bastante precisas y t?cnicas y no se condec?an con las personas que hab?an prestado las declaraciones falsas. Que don Meraldo Saavedra y don Wilson Cavarrubias tienen estudios b?sicos y adem?s, no manejan conceptualmente los t?rminos que aparecen en esa declaraci?n, lo que indicaba que estaban prefabricadas y que esas personas solamente las hab?an firmado y que despu?s se las hab?an aprendido, para poder posteriormente prestarlas en el juicio criminal.
Que la testigo Lidia Raquelina Catal?n Gonz?lez, expres? que ella solicit? a nombre de su marido, Iv?n Bozo C?ceres, un permiso municipal para trabajar con 30 bicicletas, pero hubo problemas y el Alcalde le dijo que ?l iba a conversar con los Concejales para ver si pod?an ampliar el permiso; que al d?a siguiente le llam? por tel?fono y le dijo que lo ten?a solucionado. Cuando fue a la Municipalidad, ?l le dijo que no se preocupara, pero que a cambio del permiso ten?a que darle $2.000.000.-. Posteriormente, ella sac? los permisos correspondientes, todo qued? en conversaci?n con ?l, pero lo m?s que le pidi? que no le dijera a nadie. Le otorgaron permiso por 28 bicicletas en total. Relata que esa vez no logr? la exclusividad del negocio de arriendo de bicicletas, ya que tambi?n estaban tres personas solicitando ese tipo de permiso, pero que el Alcalde le dijo que para el pr?ximo a?o le iba a dar la exclusividad. Despu?s la llam? por tel?fono solicit?ndole la plata, pero ella supon?a que ten?a que darle los $2.000.000.- al final de la temporada; en otra ocasi?n mand? a un chofer a la plaza para que ella fuera a hablar con ?l; estaba desesperada porque no ten?a esa cantidad de dinero y tambi?n ten?a que pagarle al due?o de las bicicletas que arrend?, don Pablo Ponce de Le?n Taborga, quien las trajo a fines de diciembre de 2002 a Pichilemu. Que trataron de llegar a un acuerdo donde quedaron en que le ten?a que entregar $500.000.- porque el negocio estaba malo. Despu?s, le grab? la conversaci?n que tuvo, donde sale claramente que ten?a que darle un adelanto de $50.000.-, eso ocurre en enero de 2003. Que el arriendo del local comercial, carnicer?a La Regalona, se hizo efectivo el 16 de marzo de 2003, firmando el contrato de arriendo su marido Iv?n Bozo C?ceres con el due?o del local, don Nelson Leiva Ahumada y el acuerdo era que Wilson Covarrubias se quedara trabajando en la carnicer?a. Agrega que conoc?a a Wilson porque ella siempre iba a comprar a ese local y ?l la atend?a. Que antes del 16 de marzo de 2003, fue como en dos o cuatro ocasiones a ese local para ver c?mo era el funcionamiento. Se?ala que conoci? a Ricardo Ram?rez en marzo de 2003 y que a Jorge Nasser lo vino a conocer despu?s de mayo de 2003, aparte de haberlo escuchado antes por la radio. Se?ala que en el mes de agosto hac?an asado los taxistas, pero nunca hizo ella asados para ellos, jam?s vio en los asados a Ram?rez o a Nasser.
Que los testigos Alejandro Orme?o Aqueveque y Rodrigo Romero Roa, ambos integrantes de la Polic?a de Investigaciones de Chile, han hecho extensas declaraciones en este juicio acerca de la investigaci?n que llevaron a cabo, que concuerdan con las declaraciones de los dem?s testigos y otros medios de prueba y que llevan a concluir las falsedades de los testimonios de Saavedra y Covarrubias, declarando c?mo estos confesaron su participaci?n en los hechos, reconociendo que declararon falsamente en el juicio criminal, a instancias del acusado, quien les habr?a prometido una retribuci?n econ?mica a cambio de sus dichos falsos en juicio.
Que finalmente, termina de confirmar la falsedad de los testimonios ante el Tribunal del Crimen de los se?ores Saavedra y Covarrubias, el que las partes de este juicio llegaron a una convenci?n probatoria consistente en que est?n de acuerdo en que estos testigos fueron efectivamente condenados como autores del delito de falso testimonio, sentencia que se encuentra firme y ejecutoriada.
DECIMO OCTAVO.- Que la defensa del imputado Vargas Gonz?lez, ha alegado y afirmado en cuanto a que no ser?a efectivo que Covarrubias y Saavedra hayan declarado falsamente en juicio y que por presi?n de distinta ?ndole, especialmente policial, habr?an reconocido una responsabilidad inexistente.
DECIMO NOVENO.- Que este Juez de Letras, en los varios a?os en que ha ejercido la profesi?n de abogado, como asimismo en calidad de funcionario judicial en tribunales del crimen y como Juez de Letras en distintos Tribunales con jurisdicci?n criminal y de garant?a, no ha conocido el caso de uno y menos dos acusados que simult?neamente se auto inculpen y reconozcan responsabilidad criminal en un hecho inexistente catalogado como delito o reconozcan responsabilidad en un hecho cierto, pero en el que no tuvieron participaci?n.
Mas bien, por el contrario, es de com?n ocurrencia que los imputados, acusados y a?n condenados por sentencia ejecutoriada, en su gran mayor?a o al menos en un n?mero no menor, niegan sistem?ticamente la existencia del delito que se les ha imputado, como asimismo la eventual responsabilidad que pudieran tener en el mismo.
VIGESIMO.- Que desde la implantaci?n de la reforma procesal penal, el resguardo que el legislador estableci? para evitar una condena injusta en contra de un inocente, es mucho mayor que en el sistema procesal penal antiguo, por cuanto la confesi?n en un caso como este, ha debido prestarse primeramente ante uno o dos polic?as que declararon en este Tribunal; en seguida ante el Fiscal que investiga; luego ante el abogado defensor com?n y finalmente ante el Juez de Garant?a en el juicio simplificado,; de tal manera que no resultan admisibles las alegaciones de la defensa del acusado Vargas Gonz?lez, en torno a la eventual inocencia de dichos testigos o las presiones indebidas que estos hubieran sufrido para asumir una responsabilidad inexistente.
VIGESIMO PRIMERO.- Que en consecuencia, este Tribunal no puede sino llegar a la conclusi?n de que los testigos Meraldo Saavedra y Wilson Covarrubias han sido mendaces en sus declaraciones y han prestado falso testimonio en una causa criminal, declarando hechos que no han sido ciertos y que no pudieron en modo alguno ser efectivos, en la forma y modo en que lo relataron bajo su firma y juramento, primero ante la Notar?a de esta ciudad y posteriormente ante este Tribunal en causa criminal seguida en contra del acusado Vargas Gonz?lez.
VIGESIMO SEGUNDO.- Que sin perjuicio de que por sentencia ejecutoriada respecto de Saavedra y Covarrubias, hayan sido considerados autores del delito de falso testimonio, este sentenciador estima que los dichos de estas personas no han sido meras contradicciones o simples errores en tales testimonios, ya que ellos fueron refrendados de acuerdo a anteriores declaraciones juradas ante Notario y contienen un importante c?mulo de antecedentes que no se condicen con la verdad, todo ello de suficiente envergadura como para dar por establecido que los dichos de ellos ante el Juzgado del Crimen de Pichilemu en la causa ya referida, han sido falsos.
VIGESIMO TERCERO.- Que acto seguido, debe analizarse si se ha acreditado en este juicio que el propio acusado, Jorge Fabi?n Vargas Gonz?lez, present? ante el Tribunal del crimen los dos testigos mendaces antes referidos y si lo hizo a sabiendas, es decir, conociendo la falsedad de los dichos de tales testigos.
VIGESIMO CUARTO.- Que a?n cuando el acusado Vargas Gonz?lez, haciendo por lo dem?s uso del derecho que la Ley le confiere, no ha declarado en este juicio y por lo tanto no se puede saber por sus propios dichos el que ?l haya presentado a tales testigos a declarar en un juicio criminal seguido en su contra y que haya sabido de la mendacidad de sus testimonios, esto es, el conocimiento suficiente acerca de la falsedad de los testimonios que prestar?an Saavedra y Covarrubias ante el Tribunal del Crimen, en la causa seguida en su contra.
VIGESIMO QUINTO.- Que este Juez estima que se encuentra suficientemente acreditado que ha sido el acusado Jorge Vargas Gonz?lez, quien claramente present? tales testigos a declarar ante el Tribunal y que lo hizo a sabiendas, es decir, con claro y cabal conocimiento de la falsedad de sus dichos primeramente ante Notario y de lo que declarar?an posteriormente ante el Tribunal del Crimen.
VIGESIMO SEXTO.- Que lo anterior se encuentra acreditado con los siguientes antecedentes:
a) Los dichos del abogado Flavio Parada Guzm?n, quien ha expresado que se ha desempe?ado como abogado defensor de don Jorge Fabi?n Vargas Gonz?lez en la causa criminal seguida en su contra como autor del delito de cohecho y que fue llamado por su cliente a su casa, quien le present? a Wilson Covarrubias, con quien su cliente hab?a tenido contacto antes, el que le hizo un relato que le pareci? veraz y que ?l mismo redact? y transcribi? en el mismo momento, lo que se transform? en una declaraci?n jurada, documento que llevaron el testigo y su cliente a la Notar?a para su firma; que ignora lo que el testigo declar? ante el Tribunal, pero que qued? estupefacto cuando se enter? que dicho testigo fue condenado por falso testimonio.
b) Declaraciones de Felipe Polanco Zamora, quien se?al? que se desempe?? como abogado defensor del acusado Vargas Gonz?lez, en la misma causa criminal seguida en su contra, que fue requerido por su defendido para hacer declarar ante el Tribunal del crimen, a los referidos testigos Covarrubias y Saavedra, no obstante sus reparos, ya que su estrategia de defensa no era coincidente con los dichos de tales testigos, pero dada la insistencia de su cliente, finalmente los incluy? en el escrito de contestaci?n a la acusaci?n, el cual revis? su defendido; que el acusado llev? hasta su oficina en Santiago a uno de los testigos y que ambos testigos le parecieron veraces, a?n cuando a uno de ellos lo conoci? s?lo el d?a de su declaraci?n en el Tribunal, lo que se verific? en la casa de su cliente, donde se juntaron ambos testigos ese d?a.
c) Que en la declaraci?n del Notario P?blico de esta ciudad, don Juan Pablo Urz?a, expresa que fue requerido por el propio acusado para que uno de los testigos firmara la declaraci?n jurada ante ?l; que eso le llam? la atenci?n, ya que regularmente las personas van a hacer declaraciones juradas personalmente sin previo anuncio y que en los instantes en que esto se hizo, estuvo presente el acusado, asintiendo lo dicho por uno de tales testigos.
d) Que el testigo Iv?n Salinas Donoso, ha dado cuenta a este Tribunal que fue requerido por el acusado para ubicar, contactar y presentarle al testigo Wilson Covarrubias, acompa??ndolo para ello a Santiago ya que el acusado no conoc?a previamente a Covarrubias.
e) Que el testigo Cristhian Machuca P?rez, ha se?alado que Meraldo Saavedra le dijo que estaba haciendo unos negocios con el acusado de esta causa, que inclu?an firmar un papel y luego declarar en el Tribunal; que convers? de este tema en dos oportunidades y que incluso estuvieron bebiendo en la casa del padre del acusado y que en las ocasiones en que convers? con el dicho testigo, grab? sus conversaciones, usando para ello su celular, cuyo texto despu?s traspas? a un CD, el cual hizo llegar a manos del marido de la se?ora Lidia Catal?n.
VIGESIMO SEPTIMO.- Que las palabras "a sabiendas" que emplea el C?digo Penal en su art?culo 207, se refieren al conocimiento cabal que debe tener el autor de este hecho t?pico acerca de la presentaci?n de prueba falsa en juicio, esto es, debe existir en el caso un dolo directo, una intenci?n mas o menos perfecta de hacer un acto que se conoce contrario a la Ley o en haber consentido, junto con asentir en la naturaleza y el alcance falaz de las declaraciones de los testigos.
VIGESIMO OCTAVO.- Que la propia defensa del acusado Vargas Gonz?lez, as? como los anteriores abogados del mismo imputado, han hecho saber que ?ste ha tenido al menos otro juicio criminal en su contra en este mismo Tribunal por otros hechos, de tal manera que debe concluirse que el acusado Vargas Gonz?lez alg?n grado m?nimo de conocimiento tiene acerca del funcionamiento de una causa criminal y la presentaci?n de testigos.
VIGESIMO NOVENO.- Que es un hecho p?blico y notorio que el acusado Vargas Gonz?lez, se desempe?a por varios a?os y por m?s de un per?odo, como Alcalde de esta comuna, de modo tal que se puede inferir que su calidad de tal le permite y le ha permitido poder distinguir con mayor facilidad que cualquier otro ciudadano, un mejor y m?s detallado an?lisis de las pruebas que han de ser presentadas en juicio y una privilegiada posici?n para observar cuando est? en presencia de una persona que yerra, equivoca o miente en sus dichos y mucho m?s si ha tenido la oportunidad amplia y reiterada de conversar y escuchar a tales testigos y contrastar sus dichos con la verdad y con su propia estrategia de defensa.
Que se ha demostrado en este juicio simplificado que el acusado ha tenido una participaci?n activa en la b?squeda, contacto, traslado y presentaci?n a sus abogados de los testigos mendaces, sino que adem?s ha tenido una participaci?n principal en la entrevista previa con ellos; en la escrituraci?n de al menos una de las declaraciones juradas; en el acto de acompa?ar a uno de los testigos ante la Notar?a a estampar su firma, en el hecho de haber llevado a uno de los testigos a la oficina de su abogado en Santiago; y en la comunicaci?n que tuvo con sus abogados al momento de decidir presentar a tales testigos e insistir, incluso contra la opini?n de uno de ellos, en que tales testigos fueran presentados a declarar en el juicio criminal que se segu?a en su contra.
TRIGESIMO.- Que las reglas de la l?gica y de la experiencia, indican que no es posible creer que el acusado haya estado ignorante de la falsedad de las afirmaciones de quienes declarar?an en juicio criminal seguido en su contra, por lo anteriormente dicho y porque entre la fecha aproximada en que se hicieron las declaraciones juradas previas, a lo menos antes del 06 de octubre de 2005, seg?n el escrito de su presentaci?n ante la causa criminal, y el 16 de febrero de 2006, pas? un tiempo mucho m?s que suficiente, como para que una persona como el acusado haya podido analizar detallada y suficientemente la veracidad de sus testigos, m?s a?n cuando tales personas declarar?an a sus instancias o a su petici?n en la causa criminal seguida en su contra.
TRIGESIMO PRIMERO.- Que por todo lo anterior, este Tribunal ha llegado a la plena y total convicci?n, m?s all? de toda duda razonable, que el acusado Jorge Fabi?n Vargas Gonz?lez, efectivamente ha incurrido en la conducta descrita en el tipo penal del art?culo 207 del C?digo Penal, en calidad de autor de delito consumado, por cuanto a sabiendas present? dos testigos falsos ante el Tribunal del Crimen de Pichilemu, en una causa criminal seguida en su contra, raz?n por la cual debe ser sancionado con arreglo a dicha disposici?n legal.
TRIGESIMO SEGUNDO.- Que la dem?s prueba rendida durante este juicio, no altera en modo alguno las conclusiones y convicciones que este Juez de Letras ha se?alado precedentemente.
As? pues, los dichos de do?a Ariana Silva Reyes, quien se desempe?a como Secretaria del acusado en su calidad de Alcalde de esta ciudad, quien declara principalmente que le entreg? un sobre cuyo contenido ignora, a una persona de la que desconoce su identidad, no sirve en modo alguno para acreditar o desvirtuar el hecho punible, la eventual participaci?n en el mismo del acusado, ni ninguna circunstancia anexa que permita acreditar hechos de relevancia para este juicio simplificado, al margen que de que haya reconocido o no las declaraciones que previamente hizo ante el Fiscal del Ministerio P?blico.
Que los dichos del testigo de la defensa, don Miguel Mel?ndez Cornejo independiente de su contenido que apuntan a se?alar que cuando el testigo Meraldo o "Esmeraldo" convers? con Cristi?n Machuca se encontraba bebido y no ser?a digno de f? y habr?a sido este ?ltimo quien le grab? esas conversaciones, en nada aportan o restan a la configuraci?n del delito mismo ni a la participaci?n que en el mismo haya podido tener el acusado.
Que el testigo de la defensa, don Marcelo Antonio Carre?o Catal?n expresa que el testigo Wilson Covarrubias le cont? que la se?ora Catal?n, el se?or Ram?rez, la se?ora Mar?n y el se?or Nasser estaban planeando perjudicar al acusado en el mes de marzo aproximadamente, hecho del cual le dio cuenta al acusado y le dio su tel?fono y otros hechos que constan en el audio. Este testimonio, al igual que el anterior, en definitiva no aportan ni restan a la configuraci?n del delito materia de esta causa ni a la participaci?n que el acusado haya podido tener en el mismo.
TRIG?SIMO TERCERO.- Que las gu?as de despacho y las facturas acompa?adas por el Ministerio P?blico y que se encuentran agregadas entre las fojas 208 y 247 de esta carpeta, s?lo acreditan que don Nelson Leiva Ahumada ha realizado operaciones comerciales de venta de diferentes productos con el Hospital de Pichilemu, entre enero y julio del a?o 2003, apreci?ndose que a contar del mes de marzo de ese a?o, en las referidas facturas y gu?as de despacho, existe un tipo de letra manuscrita distinta en los referidos documentos, lo que no sirve para acreditar el hecho punible ni la participaci?n en el mismo del acusado, ni ning?n otro hecho relevante para este juicio o que desvirt?e las conclusiones precedentes.
TRIGESIMO CUARTO.- Que los documentos que fueron acompa?ados en este juicio simplificado por el Ministerio P?blico y que se han agregado a fojas 252 y siguientes y a fojas 255 y siguiente, consistentes en copias de escritos presentados por el abogado Manuel Y??ez en la causa criminal 8267 seguida en este Tribunal, no revelan ning?n antecedente de relevancia m?nima que permita acreditar o desvirtuar el hecho punible, la participaci?n del acusado o alg?n otro hecho conexo o relevante en este juicio, de modo tal que deber? desestimarse totalmente su valor probatorio.
Que los dem?s antecedentes y pruebas que se han hecho valer en este juicio simplificado, como asimismo los restantes dichos de los testigos que ya han sido analizados, as? como el contenido adicional de los documentos acompa?ados y que no han sido motivo de an?lisis en esta resoluci?n, en nada alteran las conclusiones a que este sentenciador ha arribado en este fallo.
Que las dem?s alegaciones de la defensa del acusado, principalmente en cuanto a que no se haya acreditado que los testigos Covarrubias y Saavedra hayan recibido un pago por sus dichos, no son relevantes para desacreditar el hecho de estar configurado el delito materia de la acusaci?n, ya que el tipo penal del art?culo 207 del C?digo Penal, no incluye el inter?s econ?mico o la retribuci?n material como parte del hecho que el legislador ha configurado como delictivo.
Que asimismo, las restantes alegaciones de la defensa del acusado que apuntan a desvirtuar los dichos de los testigos del Ministerio P?blico por su falta de imparcialidad, tambi?n deber?n ser rechazadas por cuanto el conjunto de los testimonios objetados por tal causa, son consistentes y guardan relaci?n con las pruebas documentales hechas valer en este juicio, de forma tal que para este sentenciador le merecen la f? suficiente y que ya se ha analizado.
TRIGESIMO QUINTO.- Que al t?rmino del juicio simplificado, luego del veredicto condenatorio emitido por este Tribunal, se abri? debate entre las partes sobre las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal que afecten al acusado don Jorge Fabi?n Vargas Gonz?lez, en relaci?n tambi?n con los dem?s factores relevantes para la determinaci?n y cumplimiento de la pena.
TRIGESIMO SEXTO.- Que las partes han estado contestes en que al acusado le favorecen las circunstancias minorantes de responsabilidad penal establecidas en los numerandos 6 y 9 del C?digo Penal, esto es, su irreprochable conducta anterior y el haber colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos y se ha acompa?ado al respecto el extracto de filiaci?n y antecedentes del acusado, en el que no aparece que haya sido condenado anteriormente por sentencia que se encuentre ejecutoriada.
TRIGESIMO SEPTIMO.- Que este Tribunal deber? acoger la circunstancia modificatoria de responsabilidad penal de la irreprochable conducta anterior del acusado, ya que su extracto de filiaci?n y antecedentes as? lo demuestra, sin que existan en este juicio otros antecedentes que sean suficientes y que impugnen tal minorante.
TRIGESIMO OCTAVO.- Que en lo tocante a la segunda minorante alegada, la colaboraci?n sustancial al esclarecimiento de los hechos, este sentenciador difiere del criterio de las partes, por cuanto no aparece en modo alguno que el acusado haya efectivamente colaborado, es decir cooperado, contribuido, ayudado, auxiliado, ni participado en el esclarecimiento de los hechos motivo de la acusaci?n, ya que incluso se excus? de declarar en este juicio simplificado, si bien haciendo uso de un derecho que la ley le confiere, no es menos cierto que con ello se ha restado a aportar los antecedentes que permitieran esclarecer los hechos, de tal manera que se rechazar? esta circunstancia modificatoria de responsabilidad penal.
TRIGESIMO NOVENO.- Que no existen otras circunstancias modificatorias de responsabilidad penal que analizar y que afecten al acusado, de tal manera que en definitiva le beneficia una circunstancia atenuante simple y no le perjudica agravante alguna.
CUADRAGESIMO.- Que el tipo penal del art?culo 207 del C?digo Penal, para un caso como ?ste, la presentaci?n de testigos falsos en juicio por crimen o simple delito, establece una penalidad de presidio menor en sus grados medio a m?ximo y multa de veinte a treinta unidades tributarias mensuales, adem?s de las accesorias legales.
CUADRAGESIMO PRIMERO.- Que existiendo una sola atenuante y ninguna agravante, debe impon?rsele al acusado la pena de presidio menor en su grado medio y una multa de entre veinte y treinta unidades tributarias mensuales, con arreglo a lo dispuesto en el art?culo 68 inciso segundo del C?digo Penal.
CUADRAGESIMO SEGUNDO.- Que no se puede imponer al acusado una sanci?n superior a la solicitada por el Ministerio P?blico, raz?n por la cual este sentenciador deber? estarse a los l?mites m?ximos se?alados en la acusaci?n.
CUADRAGESIMO TERCERO.- Que puede concederse al imputado el beneficio de la remisi?n condicional de la pena, por cuanto, cumple los requisitos establecidos en los art?culos 3 y siguientes de la Ley 18.216.-
Y visto lo dispuesto en los art?culos 1, 2, 3, 5, 11 n?meros 6 y 9, 14, 15, 18, 21, 24, 30, 47, 49, 50, 68, 69, 70, 76, 79 y 207 del C?digo Penal, art?culos 1, 2, 4, 8, 12, 14, 36, 37, 39, 42, 45, 46, 47, 52, 69, 77, 93, 98, 102, 166, 259, 275, 282, 289, 291, 295, 297, 325, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 346, 348, 388, 389, 390, 393, 394, 395, 396 y 468 del C?digo Procesal Penal, art?culos 3 y siguientes de la Ley 18.2316, se declara:
EN CUANTO A LA OBJECI?N DE DOCUMENTO:
I.- Que se rechaza la objeci?n de documento, presentada por la defensa del acusado, por las razones expuestas en el cuerpo de esta sentencia.
EN CUANTO AL FONDO:
II.- Que se condena al imputado JORGE FABIAN VARGAS GONZALEZ, ya individualizado, a la pena de QUINIENTOS CUARENTA DIAS de presidio menor en su grado m?nimo, a las accesorias de suspensi?n de cargo u oficio p?blico durante el tiempo de la condena y al pago de las costas de la causa, como autor del delito de presentaci?n de testigos falsos en juicio criminal, previsto y sancionado en el art?culo 207 del C?digo Penal, hecho sucedido el d?a 16 de febrero de 2006 en esta comuna de Pichilemu.
III.- Que se condena al imputado JORGE FABIAN VARGAS GONZALEZ al pago de una multa a beneficio fiscal de VEINTE unidades tributarias mensuales, las que deber? enterar dentro de d?cimo d?a de ejecutoriada que sea esta sentencia, seg?n el valor de dicha medida al momento de su pago, dej?ndose constancia que para el presente mes su equivalente es de $ 32.335.- por cada unidad tributaria mensual.
Para el evento que el condenado no pagare la multa impuesta, se le impondr? la pena de reclusi?n, a raz?n de un d?a de privaci?n de libertad por cada quinto de unidad tributaria mensual que no pagare, sin que ella pueda exceder de seis meses.
IV.- Reuni?ndose en la especie los requisitos de los art?culos 3 y siguientes de la Ley 18.216, se REMITE CONDICIONALMENTE LA PENA CORPORAL impuesta al condenado, quien deber? para ello sujetarse a la vigilancia de Gendarmer?a de Chile m?s cercana a su domicilio, por el t?rmino equivalente al de su condena, esto es por el tiempo de quinientos cuarenta d?as y cumplir las dem?s obligaciones legales y reglamentarias que Gendarmer?a le imparta.
Para el evento que le fuera revocado el beneficio antes concedido, le servir? de abono el tiempo que permaneci? privado de libertad entre el 21 y el 29 del mes de marzo del a?o 2006, un total de nueve d?as.
C?mplase oportunamente con lo dispuesto en el art?culo 468 y siguientes del C?digo Procesal Penal.
ANOTESE, REGISTRESE, NOTIFIQUESE Y ARCHIVESE.
RUC N? 0600132066-K
RIT N? 1.337-2006



DICTADA POR DON RODOLFO ARTURO MORENO OSSES, JUEZ TITULAR DEL JUZGADO DE LETRAS, GARANTIA Y FAMILIA DE PICHILEMU.-
Publicante Pichilemunews @ 22:10
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