Jueves, 07 de junio de 2007
M?XIMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL PA?S RECHAZ? RECURSO DEL ALCALDE JORGE VARGAS Y CONFIRMA SENTENCIA DE CULPABILIDAD DICTADA POR EL TRIBUNAL DE PICHILEMU, EN PRIMERA INSTANCIA, Y RATIFICADO POR LA CORTE DE APELACIONES DE RANCAGUA, EN SEGUNDA INSTANCIA.


Definitivamente la Corte Suprema de justicia se pronunci? en el Caso Cohecho, a trav?s de la resoluci?n de la Segunda Sala, rechazando el Recurso de Casaci?n de fondo interpuesto por la defensa del alcalde de Pichilemu, Jorge Vargas Gonz?lez (DC).
As? lo se?ala claramente el texto de la resoluci?n publicada en la p?gina web del Poder Judicial en horas de esta ma?ana.
El texto es el que sigue:

Recurso 5520/2006 - Resoluci?n: 13737 - Secretar?a: UNICA

Santiago, seis de junio de dos mil siete.
VISTOS:
En estos autos N? 8.267-3, rol del Juzgado del Crimen de Pichilemu, por sentencia de primera instancia de veintiocho de marzo de dos mil seis, que se lee de fojas 1.231 a 1.263, se conden? a Jorge Fabi?n Gonz?lez Vargas a la pena de quinientos cuarenta d?as de reclusi?n menor en su grado m?nimo, a siete a?os de inhabilitaci?n especial o absoluta para cargos y oficios p?blicos temporales, a la suspensi?n de cargo u oficio p?blico durante el tiempo de la condena, al pago de una multa a beneficio fiscal de $4.000.000 (cuatro millones de pesos) y al pago de las costas de la causa, en calidad de autor del delito de cohecho previsto y sancionado en el art?culo 248 bis del C?digo Penal, sucedido en la comuna de Pichilemu entre diciembre de 2002 y febrero de 2003. A su turno, se absolvi? al acusado Vargas Gonz?lez de los cargos formulados en la acusaci?n judicial de fojas 868 por los delitos contemplados en los art?culos 248 y 249 del C?digo Punitivo. En cuanto a la acci?n civil, se rechaz? la demanda interpuesta a fojas 893 y siguientes por el abogado Manuel Y?nez D?az, en representaci?n de la querellante Lidia Catal?n Gonz?lez, en todas sus partes, sin costas.
Apelado dicho veredicto, previo informe del Fiscal Judicial se?or Andr?s Contreras Cortez, quien fue del parecer de confirmar la sentencia en alzada, la Corte de Apelaciones de Rancagua, por resoluci?n de veintiuno de septiembre de dos mil seis, que corre a fojas 1.344 y siguientes, revoc? el pronunciamiento de primera instancia en aquella parte que absolvi? a Vargas Gonz?lez de la acusaci?n judicial y en su lugar se decidi? que los hechos constitutivos de los il?citos contemplados en los art?cul os 248 y 249 del C?digo Penal se encontraban comprendidos en la acusaci?n, debiendo ser calificados como cohecho del art?culo 248 bis del mismo estatuto. En lo dem?s, confirm? el referido fallo con precisi?n que los hechos tanto de la acusaci?n judicial como de la particular son unos mismos, que se califican jur?dicamente como cohecho del art?culo 248 bis del estatuto sancionatorio.
En contra de esta ?ltima decisi?n, los abogados Carlos Castro Vargas y Visitaci?n Carrillo Salazar, en representaci?n del condenado Jorge Vargas Gonz?lez, dedujeron recurso de casaci?n en el fondo fundado en la causal tercera del art?culo 546 del C?digo de Enjuiciamiento Criminal.
Declarado admisible el mencionado recurso, se trajeron los autos en relaci?n, seg?n reza la resoluci?n de fojas 1.387.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que la defensa del sentenciado ha planteado un recurso de casaci?n en el fondo asentado en la causal tercera del art?culo 546 del C?digo de Procedimiento Penal, esto es, en que la sentencia haya calificado como delito un hecho que la ley penal no considera como tal. Aduce que la figura del art?culo 248 bis por la que se ha condenado a su representado se encuentra vinculada al enriquecimiento personal del funcionario y a la infracci?n a los deberes del cargo. Sostiene que la sentencia tuvo por acreditado que los dineros ofrecidos a su defendido, alcalde de Pichilemu, por la querellante Lidia Catal?n, los utilizar?a para incrementar su patrimonio personal, lo que no est? probado, pero, en todo caso, el tipo penal no sanciona el solo provecho econ?mico, sino que se pena la transacci?n de un acto comercial vinculado a la omisi?n de un acto debido propio del cargo o la realizaci?n de un acto del cargo con infracci?n de los deberes que ?l le impone. Agrega que en la especie, no se observa tal infracci?n; en efecto, como se trata de un alcalde, hay que estarse a lo que al efecto norma la Ley 18.695, en sus art?culos 63 letra f y 36, esto es, que la administraci?n de los bienes nacionales de uso p?blico de la comuna est? radicada exclusivamente en el alcalde, salvo que el texto expreso de una ley le encomiende esa funci?n a otra entidad del estado. El art?culo 36 citado dispone que los bienes nacionales de uso p?blico, incluido el subsuelo, que administren las municipalidades, podr?n ser objeto de permisos y concesiones, y en cuanto a los primeros indica que los puede otorgar el alcalde privativamente. Las concesiones, en cambio, requieren del acuerdo del Concejo y se rigen por las condiciones que fije la municipalidad y la aceptaci?n del concesionario. El fallo, indica, confunde los conceptos de permiso y concesi?n, seg?n se lee de las reflexiones 19 a 24 de la sentencia de primer grado, que la de alzada reproduce, sin perjuicio que, adem?s, no se sabe de donde desprende el basamento d?cimo noveno que el alcalde haya otorgado un permiso excluyendo arbitrariamente a otros solicitantes. La sentencia razona acerca de la arbitrariedad en el otorgamiento, que se fundar?a en una supuesta oferta econ?mica, y que terceros, eventuales interesados, habr?an sido discriminados, mas nada de ello se acredit?, ni siquiera que el alcalde hubiese preferido a la querellante en desmedro de otros. En definitiva se est? ante una conducta at?pica. La figura del 248 bis del C?digo Penal requiere de la concurrencia de tres elementos, esto es, que se trate de un empleado p?blico, que ese empleado solicite o acepte recibir un beneficio econ?mico para s? o para un tercero, para omitir o por haber omitido un acto debido propio de su cargo, o para ejecutar o por haber ejecutado un acto con infracci?n a los deberes propios de su cargo. En la especie, el tercer elemento no comparece. En efecto, la querellante, Lidia Catal?n, nunca arrend? bicicleta alguna al p?blico y, por lo mismo, nunca solicit? permiso de ninguna naturaleza para este fin. Por ?ltimo, se encuentra acreditado que ni Lidia Catal?n, ni su c?nyuge, tuvieron la exclusividad en el arriendo de bicicletas en el a?o 2003. Como corolario de lo anterior, solicita se invalide el fallo de la Corte de Apelaciones de Rancagua y se dicte la correspondiente sentencia de reemplazo que resuelva absolver a Jorge Fabi?n Vargas Gonz?lez de los hechos que motivaron la presente investigaci?n.

SEGUNDO: Que para la decisi?n del asunto, resulta necesario dejar sentado que los jueces del fondo han fijado como hechos de la causa aquellos contenidos en el fundamento vig?simo quinto del fallo de primer grado, reproducido por el de alzada, adem?s de las adiciones incorporadas en el motivo sexto de la sentencia impugnada de la Corte de Apelaciones, y que consisten en que a principios del mes de diciembre de 2002, una mujer le solicit? al alcalde de la comuna de Pichilemu, facultado por la Ley 18.695 para conceder permisos municipales, que le concediera uno exclusivo para instalarse en la costanera de la citada comuna con un negocio de arriendo de treinta bicicletas. La autoridad citada le se?al? que le dar?a tal permiso municipal, en forma exclusiva a ella, sin conced?rselo a terceros ajenos a la ciudad, a cambio que ella le entregase la suma de $2.000.000, dinero que seg?n ?l, lo entregar?a despu?s a la Corporaci?n Unpade y al Fondo Solidario Beca Cardenal Caro, pero que se ha acreditado era para su uso personal. La mujer acept? y el permiso le fue concedido a nombre de su c?nyuge, sin que en definitiva se entregara la suma de dinero comprometida. A principios de febrero de 2003 y no habiendo entregado a?n la mujer el dinero acordado, el alcalde le exigi? un abono de a lo menos $50.000, pues se?al? estar con problemas econ?micos, sin perjuicio de lo cual, convinieron tambi?n que los $2.000.000 se rebajar?an a la suma de $500.000. El dinero solicitado lo era ?para ejecutar? la adjudicaci?n en exclusiva de una concesi?n. Tal ejecuci?n proven?a de actos propios del cargo de alcalde que ostenta el acusado y que le iba a significar un incremento patrimonial pues recibir?a una suma de dinero que no ten?a. Por ?ltimo, un sencillo tr?mite de permiso, el alcalde lo transform? en un ambiente de persecuciones, hostilidades y clandestinidad, que se aparta absolutamente de la forma normal de ejercer sus atribuciones.

TERCERO: Que atendida la estructura el recurso en estudio, su argumentaci?n se dirige a alterar los hechos de la causa, para discutir, sobre una distinta base f?ctica, la calificaci?n jur?dico-penal dada a esos hechos establecidos. Sin embargo, no se ha sostenido ni alegado por el recurrente que en ese establecimiento se hubieren vulnerado las leyes reguladoras de la prueba, ?nica v?a procesal que permitir?a a esta Corte de Casaci?n revisar los elementos f?cticos, conforme lo autoriza la causal s?ptima del art?culo 546 del C?digo de Procedimiento Penal. En tal virtud, al no haber obrado de dicha manera quien pretende modificar los hechos tenidos por probados, estos han quedado fijados de forma inamovible por los jueces del fondo.
CUARTO: Que, refiri?ndose a la causal 3? del art?culo 546 del C?digo de Procedimiento Penal, invocada en la especie, la doctrina especializada expone que siendo ?ste un error de calificaci?n de los hechos, hay que partir, para revelarlo, de la declaraci?n de hechos probados efectuada por el tribunal sentenciador, sin que pueda ser objeto del recurso ni fundamento del mismo, ni menos de discusi?n o controversia en ?l, la impugnaci?n del establecimiento de ellos. Si se quisiese atacar ?stos en s?, alegando la inexistencia de los declarados probados o la existencia de los que no tiene por tales la sentencia, habr? de recurrirse a la causal 7?, demostrando una violaci?n de leyes reguladoras de la prueba con influencia sustancial. (Waldo Ort?zar Latapiat, Las causales del recurso de casaci?n en el fondo en materia penal, Editorial Jur?dica, 1958, p?g. 330)

QUINTO: Que como consecuencia de la omisi?n advertida en el recurso, que no invoca la causal adjetiva citada, ?nica habilitante para entrar a revisar la situaci?n f?ctica tenida por probada en el fallo atacado, esta no puede ser examinada por esta v?a de impugnaci?n, de modo que la conclusi?n jur?dica basada en aquella situaci?n ha de tenerse por correcta, procediendo desestimar el recurso.

SEXTO: Que en estas condiciones y establecidos los hechos de manera inamovible para esta Corte en la sentencia recurrida, no es posible prestar atenci?n al recurso, en tanto se funda ?nicamente en la causal tercera del art?culo 546 del C?digo de Procedimiento Penal, construida sobre la base de hechos diversos de los asentados en el proceso.
Y visto, adem?s, lo dispuesto en los art?culos 535, 546 y 547 del C?digo de Procedimiento Penal, se rechaza el recurso de casaci?n en el fondo deducido a fojas 1.352 por los abogados Carlos Castro Vargas y Visitaci?n Carrillo Salazar, en representaci?n del condenado Jorge Fabi?n Vargas Gonz?lez, en contra de la sentencia de veintiuno de septiembre de dos mil seis, escrita de fojas 1.344 a 1.349 vuelta, la que, por consiguiente, no es nula.
Reg?strese y devu?lvase.
Redacci?n del abogado integrante se?or Carlos K?nsem?ller L.
Rol N? 5520-06.

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Nibaldo Segura P., Jaime Rodr?guez E., Rub?n Ballesteros C., Hugo Dolmestch U. y el abogado integrante Sr. Carlos K?nsem?ller L.

Autoriza el Secretario de esta Corte Suprema don Carlos Meneses Pizarro.
Publicante Pichilemunews @ 14:30
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