Lunes, 24 de septiembre de 2007
ALEGATO DE HOY EN LA CORTE DE APELACIONES DE RANCAGUA POR EL FISCAL DE PICHIEMU JORGE MENA

Aunque a?n no sale toda la informaci?n de lo ocurrido hoy en a Corte de Apelaciones de Rancagua, en el website de Poder Judicial, estamos en condiciones de dar detalles -en exclusiva- del alegato del Fiscal Jorge Mena, que permitieron mantener las medidas cautelares al alcalde V?ctor Rojas.

Pubicamos o que sale a respecto en www.poderjudicial.cl y lo que hemos recabado a trav?s de www.elcachapoal.cl

Recurso 385/2007 - Resoluci?n: 17637 - Secretar?a: REFORMA PROCESAL PENAL
CERTIFICO: Que con esta fecha ingreso esta causa a la Secretar?a de esta Corte de Apelaciones- Rancagua, 22 de Septiembre de 2.007.-


Rancagua, veintid?s de septiembre de dos mil.
Agr?guese extraordinariamente a la tabla del d?a lunes veinticuatro de septiembre del presente a?o, previo sorteo, proc?dase a su vista, sin perjuicio de lo que se resuelva sobre su admisibilidad.
Ruc N? 0700608658-0
Rit N? 456 /2007
Rol Corte N? 385 / 2007

Rancagua, veintid?s de septiembre de dos mil siete, notifiqu? por el estado diario la resoluci?n precedente.


CERTIFICO: Que sorteada correspondi? a la Sala.- Rancagua, 22 de Septiembre de 2007.-

MINUTA DE ALEGATO
CAUSA RUC N? 0700608658-0

La parte del imputado V?ctor Rojas Gonz?lez ha interpuesto recurso de apelaci?n en contra de la resoluci?n que ha decretado su prisi?n preventiva.
En su escrito se?ala que no se cumplen los presupuestos materiales (comunes a toda medida cautelar) contemplados en los art?culos 140, letras a) y b) del C?digo Procesal Penal.
De acuerdo a los antecedentes que existen en carpeta de investigaci?n Fiscal, a nuestro juicio, son suficientes para justificar los delitos por los cuales ha sido formalizado, es decir, fraude al Fisco del art?culo 239 del C?digo Penal, cohecho activo del art?culo 249 del C?digo Penal y asociaci?n il?cita del art?culo 292 del C?digo Penal.
A fin de demostrar la existencia de antecedentes que justifican los delitos investigados, es necesario, previamente se?alar brevemente los hechos que motivan la investigaci?n.
As?, estos hechos ocurren en el mes de febrero de 2007, en circunstancia que se cumpl?a un contrato de licitaci?n de estacionamiento de las principales v?as de la ciudad de Pichilemu.
Contrato celebrado entre la Municipalidad de Pichilemu y un particular, el cual ten?a vigencia durante los meses de diciembre de 2006 a marzo de 2007.
Dicho contrato fue terminado anticipadamente en Febrero de 2007, amparado en una cl?usula de las bases de licitaci?n que se?alaba que el contrato podr?a ser aumentado o disminuido por la Municipalidad, por las necesidades que se presentaren durante su vigencia y los antecedentes ser?an calificados por el Departamento de Tr?nsito, no pudiendo ser superior a un 30% en caso de disminuci?n, debiendo emitirse un informe fundado, el cual debe ser sometido a la aprobaci?n del Concejo Municipal.
En dicha cl?usula nada se establece de restituci?n de dinero en caso de aumento o disminuci?n del contrato.
Hasta este momento no existe irregularidad en cuanto a la forma de cumplimiento del contrato. Sin embargo, en el mes de febrero de 2007, comienzan a desencadenarse una serie de hechos que no s?lo terminan con la devoluci?n de una importante suma de dinero ($ 1.935.149.-) a favor del particular, sino que adem?s, exigencias de dinero por parte del imputado Rojas en ese tiempo concejal (actual Alcalde) y el imputado Garrido, tambi?n Concejal al mismo particular.
En efecto, a una solicitud informal de parte del particular (concesionario) para el t?rmino anticipado del contrato, el alcalde de la ?poca Jorge Vargas Gonz?lez con una inusual rapidez comienza a dar curso a la solicitud, pidiendo informes al Departamento d Tr?nsito. As? tambi?n, de acuerdo a la declaraci?n de testigos -entre otros asesor jur?dico de la municipalidad, jefe del departamento de tr?nsito y jefe de control- el ex alcalde hab?a ya comprometido el t?rmino del contrato.
As?, se solicita un nuevo informe al Departamento de Tr?nsito para discutir el monto a devolver al particular.
De acuerdo a la l?gica, la Municipalidad deb?a devolver la menor cantidad de dinero al particular. En estos mismos t?rminos es necesario destacar, que en esa ?poca (fines de febrero) el particular deb?a pagar la ?ltima cuota de licitaci?n, ya que si no pagaba quedaba sin efecto el contrato sin costo alguno para la Municipalidad, m?s a?n la Municipalidad se quedaba con la garant?a.
Sin embargo, el Alcalde decide prontamente someter a la aprobaci?n del concejo el informe elaborado por el Departamento de Transito, el cual concluye que de realizar alguna devoluci?n esta deb?a ser del orden de $ 1.037.606.-. Los que no es aceptado por el Alcalde y algunos Concejales, entre otros los imputados Rojas y Garrido. Se decide realizar una comisi?n compuestas por los imputados Rojas y Garrido y los Jefes de Departamento de Transito y Control. Se suma activamente al trabajo de la comisi?n el Administrador Municipal Francisco Vidal (tambi?n imputado por fraude).
Los Jefes del departamento de Tr?nsito y Control no est?n de acuerdo con los c?lculos que realiza los dem?s miembros de la comisi?n, encabezada por los concejales Garrido y Rojas y la activa participaci?n del administrador Municipal.
Finalmente, se entrega al Concejo el informe el cual se?ala que la suma a devolver es de $ 1.935.149.- y corresponde al 23,6% , la que es aprobada por el mismo Concejo.
Una vez entregada la suma, comienzan a exigir los concejales Garrido y Rojas al particular la suma de $ 500.000.- por haber votado en su favor en la devoluci?n de dinero.
Se hace presente que la suma fue exigida en forma personal por ?ltima vez el d?a 27 de Marzo de 2007, cuando el particular y los dos concejales se juntan por la noche, en un pasaje ubicado en el sector rural de Pichiemu, lugar donde el particular graba a los imputados cuando le exig?an el dinero por haber votado en su favor en la devoluci?n de dinero y argumentando que le deb?an ese dinero porque no le correspond?a.
Del c?mulo de antecedentes, especialmente, declaraciones de testigos reservados, principalmente particulares involucrados en el contrato y funcionarios Municipales, la devoluci?n de esos dineros estaba dirigida y deb?a ser aumentada, con una raz?n especial, -queda claro con la grabaci?n-, el aumento era necesario para que los concejales Garrido y Gonz?lez recibieran el dinero solicitado.
Esto, sumado a los documentos recabados durante la investigaci?n, nos se?alan como se fue dirigiendo la entrega de dinero en una suma muy superior a la propuesta por el Departamento de Tr?nsito, las presiones recibidas por los funcionarios municipales para aumentar el valor de la entrega, la participaci?n de los imputados en los documentos que justificaban el aumento, las representaciones y observaciones elaboradas por los funcionarios municipales y, finalmente, el peritaje audiovisual que transcribe la conversaci?n del imputado Rojas con el concesionario donde le exige la entrega de dinero, espec?ficamente la suma de $ 500.000.- por haber logrado un aumento y votado a favor de la devoluci?n de un dinero que no le correspond?a.
Estos hechos configuran Fraude al Fisco, toda vez que existe toda un enga?o -representado principalmente por la apariencia de licitud del acto, toda una mise en scene y maquinaciones destinadas a subir el monto de la devoluci?n- con un evidente perjuicio a la Municipalidad, ya que dispuso patrimonialmente de una devoluci?n que no deb?a. Pero este fraude no era casual, sino que se cometi? con el prop?sito claro de aumentar el patrimonio del particular para efectos de proveerlo de dinero para el pago del cohecho.
De acuerdo a los mismos antecedentes, existen presunciones fundadas acerca de la participaci?n del imputado en los mismos.
En canto a la necesidad de cautela, cabe hacer presente:
1.- El Imputado ha sido formalizado por tres delitos (fraude al Fisco, cohecho y asociaci?n il?cita).
2.- La gravedad de los delitos, tal cual se ha se?alado, corresponden a delitos que afectan el desempe?o de la funci?n p?blica. Exigencia mayor a la primera autoridad edilicia de la comuna de Pichilemu, quien de acuerdo a los antecedentes ha participado directamente en actos de corrupci?n. As? lo define la Convenci?n Interamericana contra la Corrupci?n, suscrita por Chile y vigente desde Junio de 2001, refiri?ndose a la gravedad de los actos de corrupci?n en los siguiente t?rminos "socava la legitimidad de las instituciones p?blicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia".
2.- El imputado cuenta con antecedentes anteriores.
3.- El imputado no ha colaborado con la investigaci?n.
En raz?n de lo anterior, el Ministerio P?blico, solicita se confirme la resoluci?n de primer grado que otorga la medida cautelar de prisi?n preventiva.
EN SUBSIDIO, se solicita la medida cautelar del art?culo 155 letra e), en cuanto a la prohibici?n de asistir a determinados recintos y reuniones. Espec?ficamente la Municipalidad y participar en actividades como Alcalde de la Comuna mientras dure la investigaci?n.
Publicante Pichilemunews @ 20:00
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