Domingo, 26 de abril de 2009

UN “BOOMERANG” ANUNCIADO POR PICHILEMUNEWS Y QUE SE VEÍA VENIR EN CUALQUIER MOMENTO, HA LLEGADO

 

-          Nuevo Bien Nacional de Uso Público es cerrado en Pichilemu.

-          Albricias, albricias: Actual alcalde subrogante quiere defenderlo.

 

Un verdadero “boomerang” está enfrentando el municipio pichilemino a raíz de la cómoda actitud en el pasado reciente de “dejar hacer”, a la displicencia, a la impudicia e ineficacia y la falta casi total de voluntad de solucionar graves problemas y, en cambio, ha procedido a chutearlos, desentendiéndose o dándole la responsabilidad a quienes se han atrevido a denunciar irregularidades.

¿A qué nos referimos?

A la situación cíclica de autoridades comunales –y también provinciales- que ante determinados problemas entierran la nariz o la cabeza en la arena –cual avestruces- creando o dando pié a que otras personas cometan similare3s acciones irregulares; dejando al municipio con terrenos cerrados ya municipales o bienes nacionales de uso público que el municipio –por ley- debe cautelar y defenderlos a todo trance, para uso y beneficio de toda la comunidad.

Desgraciadamente esto no ha ocurrido en el 100% de los casos que en Pichilemu abundan o se dan cada cierto tiempo; pero que como hemos denunciado en reiteradas ocasiones, en la más de las veces las autoridades comunales –particularmente el alcalde de turno- no actúa como se espera lo haga y ejerciendo todas las atribuciones que le otorga el cargo y la ley para defender los bienes nacionales de uso público que son las áreas verdes (Plazas, parques, bosques, etcétera), las arterias urbanas (calles, avenidas, pasajes), todos espacios que son tanto para el tránsito peatonal y vehicular.

Hace algunas semanas una llamada telefónica nos alertó nuevamente de una situación.

Estábamos cumpliendo con nuestro trabajo, cuando un colaborador nos informaba que NUEVAMENTE LA MUNICIPALIDAD PIERDE UNA PROPIEDAD MUNICIPAL en el sector de La Puntilla, nos dijo. Alcanzamos a decirle a nuestro informante que la municipalidad no tiene absolutamente ninguna propiedad municipal en ese sector.

Antes de darle más argumentos –según nuestra información- nos agregó: “Pon atención, escucha lo que está hablando la vocera del Concejo Municipal. Y acto seguida aparecía la voz de la actual concejala Viviana Parraguez leyendo una sentencia de la justicia con respecto a una propiedad ubicada en el sector de La Puntilla.

Por razones de mi trabajo tuve que cortar la llamada y no supe exactamente los términos de la sentencia; pero lo suficiente para saber que para las pretensiones municipales era adversa.

Horas después devolví la llamada a nuestro informante para interiorizarme más del asunto y ahí me explicó que una propietaria del sector había ganado una demanda al municipio para cerrar su propiedad en el sector de La Puntilla, lo que conlleva a “cerrar” en un espacio determinado la actual Avenida Costanera.

“Eso es distinto”, le dije a mi informante. Esta persona está cerrando una propiedad que en los papeles aparece como suya y con una determinada superficie, que al parecer cubre la Avenida Costanera.

No obstante, hay varias situaciones y argumentos que dan pié a que el municipio en un deber ineludible tiene que SOSTENER Y DEFENDER –por parte del alcalde, quien según la ley le corresponde hacer- la actual calidad de BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO que tiene la Avenida Costanera aún cuando el actual propietario (a) tenga escrituras o documentos que señalen que esos terrenos le pertenecen. Y –ojo- aún cuando un eventual fallo de la Justicia haya dado el favor a su propietario (a).

En efecto, veamos:

a)     La actual Avenida Costanera que va desde el Restaurant “Entre Mar” –en La Terraza- y que continua hacia La Puntilla y bordea la Manzana 55 (Waitara), la Manzana 56 (que se divide en el Lote 1 (a), y Lote 2 (b) y que continua entre el Barco Mirador y empalma con la actual Avenida Agustín Ross fue TRAZADA en el período del alcalde designado Eduardo Parraguez Galarce, entre los años 1975 y 1979.

     Al respecto debemos decir que, efectivamente en el trazado “se pasó” por, o bordeando, las dichas
     propiedades y que según sus escrituras
 deslindan con el Océano Pacífico. No obstante, esos propietarios
     no
 ejercieron el derecho a oponerse al paso y/o solicitar la correspondiente INDEMNIZACIÓN o PAGO
     POR EXPROPIACIÓN. Esto no ocurrió
NUNCA hasta ahora. Y aquellos propietarios –o los que se
     sucedieron-
 fueron adquiriendo esas propiedades “en el estado que se encuentran”.

b)     El año 1983 aproximadamente se aprueba el Plano Regulador de Pichilemu (publicado en el Diario Oficial, como Ley). Dichos estudios para el Plano Regulador se habían iniciado con la realización del Expediente Urbano de Pichilemu, encargado al arquitecto Pablo Ayala Sanhueza, en el período del entonces alcalde Washington Saldías Fuentealba (1971-1975), gestión que quedó trunca al interrumpirse con el Golpe Militar.

Bien …. En esa instancia los propietarios tuvieron “su tiempo” para ejercer sus derechos reivindicatorios ante el instrumento urbano que consolidaba la calidad de Bienes Nacionales de Uso Público que vulneraban sus propiedades.

¿No lo hicieron porque no supieron que sus propiedades habían sido vulneradas o porque con una Avenida Costanera pasando por allí les subía la PLUSVALÍA a sus propiedades?

Sabemos que en el ínter tanto algunos propietarios (as) han intentado ejercer sus supuestos derechos sobre sus propiedades, pero que ellos han adquirido en esas condiciones “como cuerpo cierto”. Es decir, en el estado en que se encuentran. Sin embargo, lo han hablado sin llegar a la Justicia, para lo cual es necesario, para que ésta se pronuncie con todos los elementos de prueba que aporten de uno y otro lado.

c)      Durante varios años –en la gestión del alcalde Orlando Cornejo Bustamante (1992-1996)- se empieza a estudiar la modificación del Plano Regulador a cargo de un equipo liderado por el destacado arquitecto rancaguino Eric Ungerer Massera que consolida una serie de vías existentes y nuevas vías estructurantes para darle mayor dinamismo a una comuna que estaba creciendo con un plano regulador ya sobrepasado. Y el nuevo que se proponía, al tiempo que crecía en tamaño al incorporarse terrenos a la condición de urbanos, venía con las soluciones que conlleva un crecimiento estimado para 50 años. Este es aprobado por el Concejo Municipal –primero- luego por la respectiva SEREMI de la Vivienda y Urbanismo. Sin embargo en el Consejo Regional fue rechazado más que nada por las influencias negativas hacia la propuesta de parte de “un colega arquitecto” que en ese tiempo, era consejero regional.

      En la nueva gestión municipal, del alcalde Jorge Vargas González, se retoma la necesaria modificación al
      Plano Regulador y después de
 conseguirse recursos regionales se licita tomando la empresa
      URBE de
 Santiago aquella responsabilidad. Agotado todo el cronograma de gestiones y estudios
      “habidos y por haber” se MODIFICÓ” el Plano
Regulador, publicándose la última etapa de aquel proceso
      para su
vigencia, en Febrero del 2005.

      En todo el proceso que llevó a esta modificación, ningún propietario hizo valer sus derechos según
      lo contempla la ley al respecto. Y
nuevamente queda –una vez más- CONSOLIDADA la calidad de
      Bien
 Nacional de Uso Público de la Avenida Costanera por ese sector, como por todo el trayecto
      que actualmente tiene. Ya sea construida
o proyectada.

      En este último caso están los tramos que van desde la esquina de Avenida Ortúzar con Arturo Prat hasta el
      sector de Puente Negro, donde
está proyectada la continuación de esa arteria, bordeando la laguna

      Petrel –por un lado- y la línea férrea –por el otro lado-. Y, por el sur, desde las esquinas de Avenida
      Costanera y Avenida Millazo hacia Punta
de Lobos, conectándose –por una parte- al actual camino
      pavimentado a
Cáhuil y Punta de Lobos, al tiempo que está contemplado un Paseo Peatonal desde La
      Puntilla hasta el Estacionamiento ubicado en terrenos
 de playa en el sector de Punta de Lobos. Paseo
      Peatonal que va en toda
su extensión POR DELANTE de todas las propiedades que colindan con el
      Océano Pacífico.

d)    Hoy, un hecho cierto de la causa es que la Justicia le ha dado la razón a la reclamación de una propietaria –en todas las instancias judiciales- sobre su derecho de CERRAR la propiedad adquirida a través de un remate judicial.

      En este caso, no obstante al fallo de la Justicia, creemos que existen los suficientes argumentos y
      antecedentes para demostrar que está
EQUIVOCADA y revertir la situación. No sería la primera vez por lo

      demás.

 

     ALCALDE CÓRDOVA

           Esto último es lo que le hemos dicho al alcalde suplente Roberto Córdova Carreño, quien ayer sábado se
           comunicó con “pichilemunews” para
comentarnos de la situación que está enfrentando el municipio en ese

           tema y de su preocupación de buscar una solución.

           Supimos de los pasos que está dando, uno de los cuales intentó dar una solución momentánea, pero que
           fue frustrado por personas que en
nuestra opinión están erradas y, principalmente, DESINFORMADAS

           con respecto a la situación legal en el caso del Cierre de la Avenida Costanera en el sector de La Puntilla.

           No iremos a los detalles –por ahora- pero insistimos una vez más. Hay un proyecto de Remodelación de
           la Avenida Costanera –QUE QUEDÓ
INCORPORADO en el Plano Regulador vigente- y que da sustento a
          que
NO OCURRA LO QUE ESTÁ SUCEDIENDO: El cierre de propiedades en la Avenida Costanera. Pues
          si se permite –por parte de los jueces y del
municipio- se ESTÁ SENTANDO UN GRAVE PRECEDENTE.
          En efecto,
 en el día de mañana cualquier propietario colindante con el mar en el sector urbano va a cerrar el
          paso frente a sus propiedades. Y con lo
 avispados que son algunos, no faltarían quienes se aventuraran en
          ese
 proceso; pero lamentablemente –para ellos- hay leyes que protegen ese tipo de situaciones, que en
          este momento no se están respetando y –por
parte del municipio- no se ha hecho prevalecer, pese a que
          están
respaldados por el instrumento urbano que es el Plano Regulador, que tiene fuerza de Ley de la
          República.    

          Conversamos varias cosas más al respecto con el alcalde Córdova, pero en mérito a las acciones futuras,
          nos reservaremos para informar de ellas
cuando éstas estén en marcha.  

 


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