Viernes, 14 de agosto de 2009

En tema transgresiones a normativa de construcciones
CRITERIOS DISPARES EN MUNICIPIO PICHILEMINO: ANTE DENUNCIAS, DIRECTOR DE CONTROL DICE: FALSO, EN CAMBIO D.O.M. RECONOCIÓ SITUACIÓN

- Director de Obras Municipales, arquitecto Boris Sanhueza Arriagada  –obligado por las circunstancias- confirmó que todos los establecimientos educacionales que han sido intervenidos en el último tiempo, “están fuera de normativa”.

- La opinión técnica del D.O.M. desecha –tácitamente- opiniones del Director de la Unidad de Control, quien consultado por el Concejo Municipal por la denuncia realizada por el arquitecto Francisco Jaramillo, señaló en parte de sus palabras: “Todo lo que dice el Sr. Jaramillo es falso”.

- Las denuncias del arquitecto Jaramillo éste la realizó –primero- a través de una carta dirigida al alcalde Marcelo Cabrera, con fecha 9 de Julio pasado, en donde solicita antecedentes de Propuestas, en el marco de la Ley de Transparencia. Posteriormente, en una nota de fecha 13 de Julio, dirigida al Director de la Unidad de Control, Gustavo Parraguez, en donde le “desmenuza” graves reparos a las obras municipales, remarcándole artículos de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que dicen entre otras cosas taxativamente que: “ningún local escolar podrá ser habilitado antes de la recepción final”; aparte de una serie de detalles técnicos que –según el profesional- atentan contra la estabilidad del edificio y la seguridad de quienes los ocupan …” 

Sin pretender justificar, de ningún modo, situaciones irregulares que pueden tener connotación de lisa y llanamente ilícitas -como el envío de un mail donde queda al descubierto cómo se manejan los partidos gobiernistas usando el aparataje para sacar ventajas electorales- hoy tenemos un documento que reconoce la gravedad de que las construcciones y/o ampliaciones o reparaciones en dos escuelas, al menos, de Pichilemu se encuentran fuera de normativa, según lo indica el Memorando N° 395, de fecha 10 de Agosto del presente.

En efecto, por una parte lo indicado precedentemente –sobre el mail enviado desde la Intendencia de la Región del Libertador, por una funcionaria DC, hacia sus camaradas, donde claramente y con todas sus letras indica que hay que actuar con criterio político en el tema del uso de la información, recursos y beneficios- esa práctica se viene usando en absolutamente TODAS LAS ELECCIONES post gobierno militar. ¿O no?. ¿Acaso el actual ministro de Defensa no fue acusado por los propios democratacristianos de actuar en períodos eleccionarios –cuando estaba al frente de la Subdere- pero claramente para favorecer a candidatos de su partido, el PPD?

En la situación de Pichilemu, hoy se conoce más que para dar a conocer una realidad, para “guardarse las espaldas” ante las repercusiones que han motivado diversas acusaciones por obras realizadas y donde se ha cuestionado la “transparencia” en el otorgamiento de Licitaciones Públicas que han favorecido, desde un tiempo a esta parte, a un contratista, como otras situaciones que –según las denuncias realizadas por el arquitecto independiente, Francisco Jaramillo- claramente se está atentando contra la seguridad de los educandos, al darse una seguidilla de acciones que se “pasan por el aro” en cuanto a fiscalización de las obras por personal idóneo.

En algún momento, a raíz de estos cuestionamientos y acusaciones, efectuadas en el mes de Julio recién pasado, el Director de la Unidad de Control, Gustavo Parraguez ha señalado que se ha actuado bien. Y que las acusaciones carecen de veracidad.

Concretamente el funcionario municipal, consultado en reunión del Concejo Municipal, del día 17 de Julio recién pasado, dijo: “…yo y los demás integrantes de la Comisión Evaluadora (de las Licitaciones cuestionadas) se rigen estrictamente por las bases, las cuales se publican en el Portal Chile Compras, la SEREMI de Educación envía los antecedentes de la licitación y lo que hace la municipalidad es llevar adelante el proceso administrativo. Todo lo que dice el Sr. Jaramillo es falso”.   

Esta respuesta la dio el funcionario más antiguo del municipio pichilemino que sabe –o debe saber, al dedillo- quién y cuánto le deben a la Municipalidad por diversas causas y a través de diferentes ítems: Donación de Terrenos (a cambio de autorización municipal para venta de sitios sin urbanizar), sacos de cemento (mil sacos), toneladas de fierro (10 mil kilos), “importantes saldos” por bienes raíces rematados y que al cabo de CASI 20 AÑOS, al menos un contribuyente le debe al municipio una cantidad importante de dinero. Otros “contribuyentes”, elevados montos por el USO más que exclusivo de Bienes Nacionales de Uso Público, entre otros temas en los que ha mostrado una despreocupación, “preocupante”, por decir lo menos. Temas en que no se sabe qué ha hecho al respecto cuando se le ha recordado o solicitado que -aprovechando su calidad de alcalde subrogante, en las que le ha correspondido asumir- en virtud de sus atribuciones haga lo que se supone debe hacer en su cargo.

No obstante a la “tranquilizadora” respuesta y opinión del Director de la Unidad de Control (¿?) en torno a este cuestionamiento -entregada en el seno de una reunión del Concejo Municipal- un mes después de aquello, es el Director de Obras Municipales, el arquitecto Boris Sanhueza Arriagada quien se ve obligado a pronunciarse técnicamente en torno a la denuncia de un colega arquitecto.

En efecto, en el punto 4 del documento aludido, indica lo siguiente: “De acuerdo a lo estipulado por el Art. 5.2.5 de la O.G.U.C., todo edificio de uso Público está sometido y es obligatorio contar con el informe favorable del Revisor Independiente de Arquitectura. En relación a esto no podríamos certificar mediante su informe las construcciones existentes, ya que la mayoría de los establecimientos no se encuentran regularizados y en condiciones de hacerlo, dado que están todos fuera de normativa. Me refiero a los establecimientos de Escuela de Ciruelos, Escuela de Cóguil. Y las Escuelas de Pueblo de Viudas y Los Libertadores ambas cuentan con Permiso de Edificación. Por parte del Municipio falta regularizar la Recepción Final por parte de la DOM de los dos proyectos mencionados anteriormente”, concluye el documento firmado por el profesional arquitecto.

Lo anterior hace trizas la respuesta y opinión del Director de la Unidad de Control.

Ante la información que damos a conocer, se podría concluir que el profesional arquitecto de la D.O.M. está haciendo su pega; pero si bien es parte de su rol, este D.O.M. al menos en una oportunidad ha “hecho mentir” al alcalde Marcelo Cabrera al hacerlo firmar y declarar en una respuesta al Contralor Regional que una calle de dos cuadras (Alberto Browne) que aparece en el Plano Regulador está totalmente habilitada, cuando en la realidad NO ES ASÍ. Es cosa que cualquier ciudadano y/o vecino se de una vuelta por el sector: calle Dr. Eugenio Suárez Herreros esquina de calle Alcalde Felipe Iturriaga y constatará que una cuadra está medianamente habilitada de la calle Alberto Browne (hacia el sur oriente), en tanto la otra cuadra (hacia el nor poniente) NO ESTÁ HABILITADA. Lo que, meses después constató el propio Contralor Regional en una visita a terreno.

Y así el D.O.M. como en esa ocasión actuó mal, también lo ha hecho mal, al avalar al menos que un propietario “demuela” una construcción que está protegida por la Ley de Monumentos Nacionales. Todo esto a poco de ser declarada como tal, el 22 de Diciembre de 2004, al declararse Zona Típica parte de la gran obra construida por el impulsor del balneario, don Agustín Ross Edwards, en cuya declaratoria trabajamos fuertemente, por años, justamente para proteger la obra que es parte del patrimonio pichilemino, al margen de quién sea el propietario.

Pero debemos decir algo más al respecto. Esto de pasarse “por el aro” la Ley de Monumentos Nacionales, ha sido con la complicidad del Concejo Municipal del período 2004/2008.

Denunciadas estas situaciones al Consejo de Monumentos Nacionales, este organismo recién está actuando después de estar “recabando” información para saber si lo denunciado es verdad o mentira (ver artículo próximamente al respecto).

Pero, volviendo a la situación más reciente que amenaza destapar otra olla en Pichilemu –aunque el tema de las Licitaciones, independiente de quién las gane, generalmente han sido cuestionadas por diversas causas- lo que está haciendo Boris Sanhueza es, en cierto modo, una forma de capear el temporal que se avecina a raíz de la investigación que se hará –al parecer- a través de la justicia. Investigación que según Francisco Jaramillo tendrá que hacer la Justicia. De hecho así lo indica en la documentación que nos ha hecho llegar y en la conversación que sostuvimos en el día de ayer, ratifica que llevará este tema que estima gravísimo y que él espera, tras la investigación de la justicia, ésta se pronuncie y sancione a quienes han estado infringiendo las leyes de la ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

“Es la única forma que en el día de mañana no tengamos que lamentar desgracias personales en establecimientos educacionales que están siendo construidos fuera de la normativa, tal como lo he denunciado y que ahora lo refrenda el propio Director de Obras Municipales”, indica el arquitecto Francisco Jaramillo.

Consultado de qué forma se materializará esa investigación, Jaramillo expresó: “Tengo información que ello debiera venir pues estoy informado que esta situación la denunció el alcalde Cabrera a través de un oficio reservado. Y si es así, tarde o temprano la justicia deberá investigar. No obstante a ello, en el día de ayer he enviado una carta a la Contraloría Regional donde pongo los mismos antecedentes que he estado enviando a “pichilemunews” que son copias de los documentos que mandé al Alcalde y al Director de la Unidad de Control, copia del Memorandum Nº 395 del día 10 de Agosto y de la carta que envié a la Contraloría, con fecha 11 de Agosto, dirigida con copia a otras autoridades de la región.  


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