S?bado, 15 de agosto de 2009

LA BRIDEC INCAUTÓ DOCUMENTACIÓN MUNICIPAL CUMPLIENDO DILIGENCIA DE LA FISCALÍA DE PICHILEMU

La incautación de diferentes documentos –especialmente de la Dirección de Obras Municipales de Pichilemu- ordenó la Fiscalía de Pichilemu, la que ya está investigando e interrogando a diferentes personas por el Caso de Construcciones Escolares y que están fuera de la Normativa.

Así lo conoció “pichilemunews” hace pocos momentos, donde nuestra fuente señaló que la diligencia de la Fiscalía se realizó en las últimas horas de la jornada laboral en la municipalidad de Pichilemu.

La diligencia busca revisar documentación relacionada con las licitaciones que están siendo cuestionadas por el profesional arquitecto Francisco Jaramillo, quien tras constatar la trasgresión a la normativa de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, hizo las denuncias al alcalde de Pichilemu Marcelo Cabrera y al Director de la Unidad de Control, Gustavo Parraguez.

Según las últimas informaciones que tenemos, no fue el alcalde Cabrera quien realizó la denuncia a la Fiscalía, sino un funcionario de confianza mientras el alcalde está con licencia médica.

El oficio reservado 01, está fechado el 29 de Julio recién pasado, dos o tres días después de estar –hasta ahora- con licencia médica el alcalde Cabrera.

 

CONTROVERSIA

Como ya lo dimos a conocer ayer, en días recientes quedó en evidencia la contradicción existente entre el Director de la Unidad de Control, Gustavo Parraguez, con el Director de Obras Municipales, arquitecto Boris Sanhueza, quien –de cierta manera- obligado por el rumbo que están tomando las denuncias reconoció que varias de las construcciones –que ahora son materia de la investigación de la Fiscalía- “están fuera de la normativa” que establece la Ley al respecto.

Según las informaciones que tenemos no se descarta que el Fiscal MENA pida la participación de expertos y/o peritos profesionales en el tema construcción, para comprobar en terreno si se ha cumplido o no con las especificaciones técnicas, entre otros aspectos que –según la denuncia- no se han cumplido y que atentan contra la seguridad que deben tener las construcciones y recintos educacionales en este caso. 


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