S?bado, 29 de octubre de 2011

"Escuchas ilegales": Los secretos de inteligencia que están develando las investigaciones judiciales

 

Fuente: La Segunda online  -  Por: Malú Urzúa

Las acusaciones hechas por ex policías respecto de que la Dipolcar intercepta llamadas de políticos y embajadores ilegalmente se transformó en una guerra judicial ventilada en siete instancias distintas. 

Amenazaba con ser una denuncia bomba que explotaría de una vez atacando blancos selectivos. Se convirtió, sin embargo, en una de racimo, cuyas submuniciones acaban de separarse, sin que se sepa aún quiénes serán sus víctimas.

Ya son siete causas judiciales y varios recursos de protección los que tramitan los tribunales a raíz de las acusaciones de escuchas telefónicas ilegales realizadas hace tres meses por dos ex carabineros, Claudio Cofré y Esteban Infante, y el periodista y director de PanoramaNews, Patricio Mery. El trío llegó hasta la Comisión de DD.HH. de la Cámara Baja, donde afirmaron que la Dirección de Inteligencia de Carabineros (Dipolcar) realizaba escuchas telefónicas ilegales a parlamentarios y embajadores.

Es el mismo grupo que manejó la información de la adulteración de un parte policial en un accidente de tránsito en el que participó el hijo del ex director general de Carabineros, Eduardo Gordon.

Las indagaciones podrían abrir una caja de Pandora respecto de cómo opera el sistema de inteligencia en Chile, considerando que por primera vez el Ministerio Público escudriña en sus secretos. Más aún, accede a datos nunca antes fueron socializados por agentes de inteligencia, ante la duda de si hubo prácticas ilegítimas de la Dipolcar en los últimos años.

Acusaciones van y vienen: Cuatro fiscales regionales a cargo

Algunas de las investigaciones fueron pedidas por la Cámara Baja (tras escuchar el testimonio de los ex policías), el senador Alejandro Navarro (alerta de escuchas al embajador de Pakistán), y el dirigente sindical Cristián Cuevas (afirma que fue "pinchado" el 2007).

También el trío de denunciantes hizo lo propio al querellarse por interceptaciones ilegales que dicen haber sufrido, y además contra el fiscal nacional, Sabas Chahuán, y el jefe de la Zona Centro Norte, Andrés Montes, por supuesta obstrucción a la justicia.

A éstas se suman -entre otras acciones judiciales- dos interpuestas por el propio director de la Dipolcar, general Bruno Villalobos.

Villalobos detalla lo que hay de cierto en las acusaciones

Fue el mismo Villalobos quien permitió que el tema se abriera. "Estoy dispuesto a levantar el secreto", afirmó a «La Segunda» al inicio del caso, y anunció querellas contra los denunciantes porque "esta gente me tendrá que explicar de dónde saca información".

Hace dos meses concretó el anuncio e interpuso dos denuncias, acusando violación de la ley de Inteligencia que obliga a la reserva de los antecedentes obtenidos por esta vía. Una acción judicial la interpuso ante la Segunda Fiscalía Militar (por si hay uniformados activos filtrando información) y otra derivada a la Fiscalía Metropolitana Oriente, cuyo jefe regional, Alberto Ayala, se hizo cargo del tema.

En ambas, Villalobos reconoce que "parte de la información contenida... en la audiencia ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados son efectivas", según señalan las denuncias a las cuales accedió La Segunda».

Y desglosa que "es cierto que la Dipolcar tiene en su poder los vehículos individualizados , que tiene equipos de comunicaciones en el séptimo piso de su cuartel y que numera su documentación de la forma como comentan".

¿A qué se refiere con esto último? El mismo lo resumió en los antecedentes de su presentación judicial: Explica que los denunciantes aseguraron "que de estas actividades ilícitas se informaba mediante documentos foliados con el Nº1 para el Presidente de la República y Nº2 para el general director de Carabineros".

"No es efectivo" que se hagan intervenciones ilícitas

El general es enfático, eso sí, en negar irregularidades en el uso de los equipos: "No es efectivo, no obstante, que ellos sirvan, ni hayan sido empleados, para intervenir ilícitamente las comunicaciones privadas de ninguna persona".

En ambos recursos el general de la Dipolcar pide que sea la Jefatura de Inteligencia de la PDI la que investigue de dónde los denunciantes obtuvieron la información, considerando que ninguno de ellos ha pertenecido a esa unidad de Carabineros.

La Fiscalía Militar derivó la indagatoria criminalística a la Brigada de Derechos Humanos y la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la policía civil, unidades que ya han interrogado a oficiales activos de la institución uniformada.

Un dato: los investigadores saben que al menos Cofré, en su calidad de abogado, ha representado a integrantes de la Dipolcar en recursos judiciales en los que se reclama por sanciones administrativas.

Peritaje revelador

Las investigaciones que llevan los fiscales regionales Pablo Gómez, de la V Región (quien indaga la presentación de la Cámara Baja), y Raúl Guzmán, de la Metropolitana Sur (debe aclarar si la interceptación al ex policía denunciante fue o no regular), son hasta el momento las más activas. En ambas ha declarado Villalobos, poniendo a disposición de los perseguidores los equipos de la Dipolcar.

Los dos jefes regionales están coordinados y a ambos les va a ser útil el peritaje que ya encargaron a la Universidad Técnica Federico Santa María a esas máquinas.

Dicho análisis deberá levantar los números telefónicos que han pasado por ellas , los que tendrían que ser contrastados con los que usan los parlamentarios aludidos por los ex policías como afectados.

Cercanos al caso admiten que el general Villalobos no estaría del todo tranquilo por esta diligencia, pues la pericia arrojará el listado histórico de grabaciones, incluyendo aquellas que fueron autorizadas por ministros de Corte en virtud de la ley de la Agencia Nacional de Inteligencia y que nunca han sido reveladas. Y si esta información entra en la carpeta de alguna de las investigaciones del Ministerio Público, y termina en las manos de algún denunciante, "ahí sí que estaríamos hablando de un tema de inteligencia nacional", sostienen fuentes que conocen estas aprensiones.

"Después de esto, seguro van a pedir algún tipo de modificación a la ley. Puede pasar que se abran muchas causas más por cada persona que crea haber sido escuchada y el tema no va a parar", advierte una persona que está al tanto de las indagaciones.

"En el sistema procesal penal, sabemos que las causas al final van a terminar abriéndose. El tema es complicado. Hay que ver muy bien qué se pone en la carpeta", reflexiona otro cercano al tema.

 


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